Viernes 26 de diciembre de 2008, por CGT-A
Ha transcurrido un año desde que se formalizara la entrada en vigor de la llamada Ley de Memoria Histórica. Su redacción y aprobación sufrió unos terribles vaivenes. Finalmente se aprobó con el apoyo de la gran parte de los grupos políticos pero sin la aprobación de la sociedad.
Lo que nos temíamos se ha hecho realidad e incluso ha resultado ser más sangrante de lo que se esperaba. Echando la vista atrás, analizamos lo que esperábamos conseguir con esta ley – recuperación y rehabilitación de los olvidados y vejados- y lo que realmente ha supuesto, vejar aún más la memoria de los vencidos.
- No se anulan las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista.
- Se establece una infame discriminación entre las víctimas de la represión franquista en función de los años de comisión del .
- Mantiene la ley de amnistía de 1977 para los verdugos.
- No se crea una Comisión de la Verdad, demandada por la propia UE y la ONU
- El estado no asume su responsabilidad de buscar a centenares de miles de desaparecidos.
Por otra parte, desde CGT, sólo podemos pensar que la admisión a trámite, en la Audiencia Nacional, de la denuncia presentada por Asociaciones y Organizaciones preocupadas por la rehabilitación y búsqueda de las víctimas y desaparecidos por el franquismo, CGT entre ellas, ha sido un sumario-trampa que tan sólo buscaba un lavado de imagen y cerrar definitivamente la discusión sobre si el régimen franquista asesinó o no a miles de personas, si cometió crímenes de lesa humanidad. Hay cuestiones que no admiten duda. Franco y sus secuaces son los responsables de que hoy haya cientos de miles de cadáveres en las cunetas de los pueblos. Pero para eso no es necesaria tanta fanfarria. Es un hecho objetivo y demostrado por los historiadores y conocido por toda la sociedad
Lo que no ha querido asumir el estado, lo que no ha querido asumir esta democracia formal, es su responsabilidad en investigar y reparar estas muertes. Más al contrario, todo parece indicar que, tras una apariencia de intervención y estudio en el asunto, la actuación de la judicatura y el ejecutivo va dirigida a poner trabas y hacer más dificultoso el que debería ser el verdadero objetivo de la ley: rescatar la memoria, rehabilitar a las víctimas por ser defensores de los principios de la democracia y la libertad, buscar la verdad y restablecer la justicia social.
Por eso CGT seguirá reclamando:
- Recuperación de personas:
Miles de personas quedaron sepultados/as en anónimas Fosas tras “paseillos” y ajusticiamientos. Sus familias reclaman esos cuerpos nunca olvidados pese al paso del tiempo, lo desconocido de su ubicación y las modificaciones del terreno. Hay que restituir sus cuerpos y, con ellos, su identificación. Miles fueron condenados en irregulares procesos judiciales impuestos por un gobierno ilegítimo e ilegal, impuesto por una sublevación militar fascista mantenido a través del terror y de la represión.
Es necesario que se lleve a cabo el reconocimiento y búsqueda de estos compañeros caídos.
- Recuperación de ideas:
Hablamos de un alzamiento militar contra un gobierno establecido democráticamente. Y de una respuesta en defensa de ese gobierno, con avances y conquistas revolucionarios, más adelante destrozados. Hablamos de un trozo de nuestra historia en la que, quienes defendieron las banderas republicana o rojinegra, no obraron en busca de conquistas materiales, sino sociales e ideológicas. Todo esto ha sido mantenido en el olvido y el silencio, evitando su aparición en los libros escolares. Y la historia de un país debe ser conocida por su pueblo.
- Recuperación de documentos:
Es notoria la destrucción de archivos de propiedades y registros. Es evidente que no se pueden reconstruir los archivos destruidos, pero sí se puede devolver lo trasladado. Y más fácilmente, se puede considerar que lo que aún permanece simplemente empaquetado – en el mejor de los casos – en Archivos y dependencias civiles o militares, debe ser accesible de manera sencilla y eficaz.
- Recuperación de bienes:
Más allá de la destrucción realizada, dentro de la posible y discutible lógica de cualquier período de guerra, acabada ésta se procedió no sólo a retrotraer las propiedades de edificios y tierras a quienes antes la detentaban, sino que también se incautaron, destruyeron o entregaron a personas e instituciones bienes que habían sido levantados con las manos obreras o compradas con las aportaciones de cuotas sindicales. De todo esto existe un listado pormenorizado, cuya compensación económica sigue pendiente.
Así pues creemos necesario seguir exigiendo:
- La revisión y anulación de las sentencias franquistas. Y la compensación económica a sus familias, más allá de lo meramente simbólico.
- La no discriminación entre las víctimas en función del año de su muerte.
- El reconocimiento público del “sufrimiento” de los trabajadores y trabajadoras que fueron asesinados, perseguidos, reprimidos, encarcelados, represaliados…
- No aceptar la equiparación entre víctimas y verdugos ya que las victimas fueron la consecuencia de una barbarie programada desde el aparato del estado franquista con la connivencia de la cúpula de la iglesia
- Dotar de medios para la búsqueda, localización, exhumación e identificación de los cuerpos existentes en Fosas y cunetas. Una base de datos de todas esas personas sigue pendiente de realizar. La administración pública debe asumir este trabajo íntegramente.
- No olvidar las condenas a trabajo esclavo (canal de los presos,…). Detectar esos campos y, en la medida de lo posible, hacer de ellos lugares de memoria.
- Debe integrarse en los libros de educación aquellos casos de colectividades, rurales e industriales, que demostraron que otra gestión de la economía y de la sociedad fue y es posible.
A través de las organizaciones de ex-presos y refugiados es relativamente fácil conseguir la reconstrucción de nombres y hechos acaecidos a los refugiados españoles en los campos de concentración interiores (Albatera,…) y exteriores (Argèlès,..)
Revisión de cuantas leyes y actos se pusieron en marcha en el periodo de la denominada “Transición” para dar por superado artificialmente el periodo de dolor y represión franquista.
CGT exige que la democracia asuma su responsabilidad ante la vergüenza y deshonor de seguir validando las sentencias del régimen franquista.
Por todo ello se debe crear una “Comisión de la Verdad”, con reconocimiento y medios públicos, donde concurran todas las organizaciones y colectivos que estamos trabajando en este campo para que finalmente pueda esclarecerse con profundidad la etapa franquista, definiéndose toda la verdad y el horror generado durante la dictadura
Desde CGT seguiremos trabajando para que la pasividad de administración pública sea espoleada con la movilización social.
