Garzón envía a siete juzgados el robo de niños en el franquismo

 

ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 07/01/2009 22:00// PÚBLICO

Los juzgados de Madrid, Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Málaga y Zaragoza tienen ahora en sus manos la posibilidad de investigar el secuestro de hijos de republicanos cometido durante el franquismo. El juez Baltasar Garzón se ha inhibido a favor de los juzgados decanos de dichas capitales en una resolución notificada hoy a las partes personadas en la primera causa penal abierta por los crímenes perpetrados entre julio de 1936 y diciembre de 1951.

El magistrado explica que el auto del pasado 18 de noviembre, en el que dio el relevo de la investigación a los juzgados de los lugares donde se sospecha que hay fosas de desaparecidos, quedó anulado por la última resolución de la Sala de lo Penal que le declaraba no competente para continuar con la instrucción que había abierto. Por eso, reitera otra vez la inhibición ya acordada entonces a un total de 28 juzgados.

Hasta 152.237 víctimas

A falta de un informe definitivo que deben presentar los expertos designados por el Juzgado, el auto cifra entre 136.062 y 152.237 el número total de víctimas de la represión franquista en esos años.

Pero, pese a lo novedoso de ese dato, aún lo es más que por primera vez incluye en la lista de juzgados que podrán continuar con la causa a los de las ciudades en los que se produjo el secuestro y cambio de identidad de niños, en cumplimiento de un "plan sistemático de recuperación" de hijos de republicanos.

En su auto de noviembre Garzón tenía claro que esta práctica no podía quedar impune: "Se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados y sus víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas, y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado".

En dicha resolución, el juez reproducía las cifras del Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia, que entre 1944 y 1954 hablaba de 30.960 niños ingresados en centros religiosos y seminarios.

La mayoría eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, desaparecidos o encarcelados, algunos en campos nazis. El número de estas víctimas aumenta con la política de repatriación de niños exiliados que llevó a cabo el régimen.