Por Francisco Vigueras Roldán. Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación
El periodista Robert Neville, corresponsal del New York Herald Tribune, fue testigo de los fusilamientos en las tapias del cementerio de Granada. Los camiones de la muerte pasaban, cargados de presos, justo por el Hotel Washington Irving donde se alojaba con otros turistas extranjeros, en pleno corazón de la Alhambra. En sus crónicas publicadas en el diario neoyorquino, dejó testimonio de la terrible experiencia que le tocó vivir en Granada: “Hoy, cuatro de nosotros jugábamos al bridge en la habitación del hotel cuando pasaron dos camiones. Desde abajo habría parecido que todos los hombres en aquellos enormes camiones fuesen soldados, pero hoy los vimos desde arriba y observamos que en el centro de cada camión había un grupo de paisanos… Hoy los camiones subieron con aquellos paisanos. En cinco minutos, oímos los disparos. A los cinco minutos, bajaron los camiones y, esta vez, no había paisanos. Aquellos soldados eran el pelotón y aquellos paisanos iban a ser fusilados”.
Entre los fusilados en las tapias estaban los llamados “intelectuales rojos”, los más odiados por los franquistas. Acusados de haber corrompido a las masas, con sus torcidas doctrinas sobre marxismo y democracia. Catedráticos, abogados, maestros, médicos y sindicalistas. También quedó diezmada la corporación municipal, que dejó en las tapias a cinco alcaldes y más de veinte concejales. Hombres notables como el presidente de la Diputación, Virgilio Castilla, el alcalde Manuel Fernández Montesinos, el pediatra Rafael García Duarte, el ingeniero Juan José de Santa Cruz o el periodista Constantino Ruiz Carnero, director de El Defensor de Granada, lo mejor de la cultura y la política granadina.
Y mucha gente del pueblo que había colaborado en el proyecto de cambio social de la República. Los verdugos no tuvieron piedad, ni siquiera con Antonia Molina Pérez, que fue ejecutada con apenas 13 años, casi una niña, en la madrugada del 23 de julio. Más de 4.000 granadinos fueron asesinados en las tapias del cementerio, en aquel infame verano del 36. Sobre todo en agosto, el más sanguinario, que batió el récord con 572 víctimas. Las descargas de la fusilería podían oírse por toda Granada en el silencio del amanecer. La ciudad estaba sumida en el terror. La represión fue tan desproporcionada que se escondían en los sótanos de sus casas, como topos, confiados en que pronto acabaría la pesadilla. Algunos fugitivos lograban pasar a zona republicana, pero sus familias sufrían las represalias. Y más de uno prefería entregarse para salvar a los suyos. Los pistoleros de Valdés, la temida Escuadra Negra, eran dueños de la ciudad, con licencia para matar, y lo hacían sin escrúpulos.
Casi 80 años después de aquella barbarie, los familiares no han olvidado a sus seres queridos, que se llevaron violentamente de casa una madrugada y no volvieron a ver nunca más. Durante la dictadura, subían a las tapias para hacer homenajes íntimos y clandestinos, por miedo a ser detenidos. Ayer, el 20 a las 20, las asociaciones memorialistas volvimos a subir con los familiares para rendir homenaje a las victimas, esta vez público y con todos los honores. Entre los familiares, estaba Gabriel Fernández Valladares, hijo del concejal fusilado Juan Fernández Rosillo, o Purificación Fenoll, hija del capitán Antonio Fenoll, un militar fusilado por mantenerse leal a la Constitución republicana.
Desde el pasado 5 de octubre de 2012, las tapias están protegidas y han sido declaradas “lugar de memoria histórica” por la Junta de Andalucía, cuando Luis Naranjo era director general de Memoria Democrática. Conocemos los nombres y apellidos de los fusilados, pues estamos hablando de uno de los episodios mejor documentados de la represión franquista por investigadores como Ian Gibson, Molina Fajardo o Gil Bracero. Por eso, pedimos a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, y al actual director general de Memoria Democrática, Javier Giráldez, que pongan en marcha un Memorial con todos los nombres, tal y como se merecen quienes perdieron injustamente la vida por defender la legalidad democrática de la República
