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El Grupo Provincial de Izquierda Unida lleva una moción para proponer a Antonina Rodrigo como candidata a la propuesta de Medalla de Oro de Andalucía. Una propuesta impulsada por UCAR Granada y que ha tenido ya importantes apoyos como del Ayuntamiento de la capital granadina. En este caso se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos de la cámara provincial.
LA MEMORIA, Canal Sur Radio
El Coordinador General de IU LV-CA, Diego Valderas, ha visitado, en el cementerio de Gerena, los trabajos de exhumación de las conocidas como 17 rosas de Guillena. Allí, los responsables de la excavación han explicado a Valderas la forma en la que fueron asesinadas estas mujeres por ser militantes de organizaciones de izquierda durante la II República.
También ha tenido la oportunidad de conversar con familiares directos de estas víctimas del franquismo, a las que ha trasladado el compromiso de IU LV-CA se trabajar para recuperar y reestablecer la memoria y la dignidad y de estas 17 mujeres y la de los miles y miles de andaluces que fallecieron brutalmente por defender la democracia y la legalidad republicana.
"Las heridas no cicatrizarán mientras haya personas inocentes enterradas en cunetas y fosas comunes de Andalucía", recalcó Valderas a la vez que recordó que "mientras se extraen a duras penas estos cuerpos, sin apenas ayudas oficiales, en el Supremo se juzga a Garzón por intentar investigar estos crímenes".
Valderas también trasladó a los movimientos memorialistas y a los familiares que se encontraban en el cementerio, el compromiso de IU LV-CA de impulsar una Ley de Memoria Histórica de Andalucía en la próxima legislatura. "Ya es hora de dignificar a hombres y mujeres como las que se encuentran en esta fosa de Genera", añadió.
Ante la situación que se está dando en el Tribunal Supremo con el juicio al juez Baltasar Garzón debido al procedimiento abierto para enjuiciar a las personas responsables de delitos de lesa humanidad durante una parte del Franquismo, desde el área de memoria histórica de Izquierda Unida (IULVCA) y del Partido Comunista de Andalucía en Granada, muestra su más honda repulsa, considerando la situación de juicio político
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EL PCE pondrá en manos de la fiscalía el Diccionario Biográfico elaborado por la Real Academia de la Historia por entender que puede contener apología de la dictadura franquista, al enardecer a personajes claves en este régimen, como el propio Dictador Franco o Carrero Blanco, y Alonso Camilo.
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Recientemente, el Ministerio de la Presidencia ha reconocido y subvencionado un proyecto de investigación histórica promovido por la Cátedra Extraordinaria Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. El título es Judicatura, Investigación y Penitencia (el orden político y los instrumentos de represión) y pretende abordar, a partir de los fondos documentales del Ministerio del Interior y del Archivo Histórico Nacional, las “actividades de información e investigación” (policiales) durante la dictadura en el periodo 1936-1962.
CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO.- PÚBLICO
PATRICIA CAMPELO Madrid 04/09/2010 PÚBLICO
Alegría y expectación son los sentimientos que embargan a muchas de las víctimas de la represión franquista en estos momentos. La decisión de la justicia argentina de investigar estos crímenes, reconocidos como de ’lesa humanidad’, ha dado un giro al proceso que empezó con la determinación de la Audiencia Nacional de declarar al juez Garzón ’no competente’ para investigar los delitos de la dictadura.
En el camino de esperanza que se abre hoy para las familias y Asociaciones de víctimas hay un ambiente de expectación sobre las decisiones que llegue a adoptar la justicia argentina.
P. CAMPELO Madrid 21/08/2010
La aplicación de la ley 52/2007 de ’Memoria Histórica’ suscita polémica en muchos sectores de la sociedad que se oponen a la aplicación de algunos de sus preceptos. Alternativa Sí se puede presentó en 2008 una demanda en los juzgados contra el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por no aplicar la citada ley en lo referente a la retirada de un monumento a Franco. El Consistorio se defiende alegando que cambió el nombre del monumento por el de ’Ángel caído’, pero para Domingo Garí, historiador y uno de los impulsores de la iniciativa del traslado de símbolos franquistas de la vía pública, esta estrategia no es válida.
EUROPA PRESS Madrid 21/08/2010
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El Partido Comunista de Andalucía en Cádiz homenajeó al periodista y dibujante sanroqueño Andrés Vázquez de Sola en un emotivo homenaje. La celebración fue una sorpresa para Andrés, que en teoría acudía a la cita para presentar sus libros Cenizas de un mar en llamas y Jaque Mate
El Congreso ha denegado a las víctimas el permiso para proyectar este jueves en sus instalaciones el vídeo de los artistas contra el franquismo. La Plataforma contra la Impunidad, que integra a actores, actrices, músicos, escritores y familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, pensaba emitirlo a las siete de la tarde en la sala Clara Campoamor. Pero la mesa del Congreso les ha denegado la autorización. El presidente del Congreso, José Bono, en principio, no se oponía, pero finalmente, se ha decidido que no.
“No ha habido debate. La decisión se ha tomado por unanimidad”, aseguran fuentes parlamentarias. “Existían dos antecedentes parecidos y también se había dicho que no. Los usos y costumbres de la Cámara son muy estrictos para todo aquello que no tenga que ver exclusivamente con la vida parlamentaria”, añaden.
Esos dos antecedentes son la petición del director de cine José Luis Cuerda para proyectar en el Congreso la película Los girasoles ciegos, basada en la obra de Alberto Méndez sobre la represión franquista, y la proyección de unos cortos sobre la vida de Manuel Fraga y Santiago Carrillo. El Congreso también se opuso entonces.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recuerda sin embargo, que el año pasado el Congresó si permitió que se proyectara un documental de 40 minutos titulado Imágenes contra el olvido y que contenía grabaciones sobre ols brigadistas, los niños perdidos, las fosas…”Lo de que otras veces también se dijo que no es una excusa. Ha sido una decisión política. Me parece vergonzoso que en pleno siglo XXI se prohíba hacer un acto de reparación a las víctimas como este en el Parlamento, que es de todos”, ha asegurado Silva a EL PAÍS. “Además, el Congreso está incumpliendo sus propias resoluciones porque en noviembre de 2002, cuando condenó el franquismo, prometió dar amparo a las víctimas”.
La Plataforma contra la Impunidad prepara una queja formal para Bono. “En cualquier caso, lo proyectaremos este sábado en la Puerta del Sol”, ha anunciado Silva. Después familiares de las víctimas del franquismo colocarán miles de velas en recuerdo de los más de 113.000 desaparecidos.
La Calle de Córdoba, - 31 Marzo 2010
Laura Pérez. l.perez@lacalledecordoba.com
El intento de la Junta por resarcir a las mujeres víctimas de la represión con ayudas de 1.800 euros es calificado de “inútil” por los familiares. Juliana Sánchez, sobrina de tres de ellas, exige que la verdad vea la luz y se haga justicia
Algunas tuvieron la valentía de desafiar al fascismo y a la sociedad de la época, y otras, la gran mayoría, eran madres, esposas, hijas y hermanas de rojos. Todas ellas sufrieron la represión del franquismo, fueron torturadas, rapadas y despojadas de sus derechos y sin embargo, ni la Historia ni la memoria han sabido encontrarles su lugar y aún menos, resarcir su daño. El tiempo ha hecho que muchas de ellas hayan muerto sin contarle al mundo su calvario y las pocas que aún viven, siguen silenciadas.
Justo ahora, la Consejería de Justicia acaba de anunciar que está ultimando un decreto con el que, a través de ayudas de 1.800 euros, se intentará reparar la injusticia que sufrieron todas esas mujeres que fueron torturadas, rapadas y represaliadas durante el franquismo. Una iniciativa que para historiadores de la talla de Arcángel Bedmar, resultará ineficaz no sólo porque la gran mayoría de las víctimas del franquismo ya han fallecido sino porque además, les será prácticamente imposible demostrar el calvario que vivieron.
Por ser hermanas de un rojo
Araceli, Manuela e Isabel Sánchez Montes vivían en Rute y durante años sufrieron en su piel los golpes con los que la dictadura mutiló de por vida a miles de mujeres. Ellas no eran militantes, ni anarquistas, ni socialistas, ni nada por el estilo. Como asegura Juliana Sánchez, su sobrina, su delito no fue otro que ser hermanas de Vicente Sánchez Montes, un barbero ruteño, perteneciente al Partido Socialista desde 1925, que huyó a la sierra cordobesa al comienzo de la contienda como miliciano de las Federaciones Anarquistas y terminó condenado “injustamente” a muerte el 9 de marzo de 1937 y fusilado, sólo tres días después. “Sólo por ésto, el franquismo se cebó con ellas al igual que con otras muchas mujeres y las marcó de por vida”, asegura Juliana.
Tanto es así que los años en los que Vicente, padre de Juliana, permaneció huído fueron los más duros para sus hermanas y para su propia madre. Juliana que entonces apenas tenía seis o siete años, recuerda como a diario la Guardia Civil venía a casa de sus tías y las llevaba al cuartel para obligarlas a limpiar y a beber aceite de recino pues, en teoría era la mejor forma para purgar su alma comunista. “Parece que las estoy viendo llegar rotas de dolor. El aceite les descomponía el vientre y se retorcían, querían que mis tías les dijeran dónde estaba escondido mi padre y no dejaron de torturarlas mientras estuvo huído”.
La represión que sufrieron las mujeres de Vicente, incluída su mujer y madre de Juliana, incluso llegó a desterrarlas de Rute y al igual que otras muchas familias, tuvieron que abandonar sus hogares y empezar de cero en otro punto de Andalucía. En su caso, tal y como recuerda su sobrina, “fue la única forma que encontraron para escapar de la persecución. Tuvieron que huir para salvarse, como tantas familias”, asegura.
El maltrato que sufrió la madre de Juliana Sánchez no fue físico aunque sí tan doloroso y temible como las torturas y las persecuciones que sufrieron sus cuñadas. “Constantemente la amenazaban con quitarle a sus hijos si no confesaba dónde estaba mi padre e incluso la intentaron obligar a que firmara que él había muerto por enfermedad cuando ni tan siquiera sabíamos que había pasado”.
Las heridas no se han cerrado
El miedo a la represión que sintieron durante años las mujeres de Vicente Sánchez se mantiene vivo a día de hoy en las pocas mujeres represaliadas que quedan vivas y de hecho, será uno de los motivos, junto con la falta de pruebas documentales, por los que las ayudas económicas con las que la Junta de Andalucía pretende resarcir sus daños quedarán “en papel mojado”, tal y como asegura el coordinador del grupo de Memoria Histórica de CGT-A, Cecilio Gordillo. “No quieren ni dinero ni ayudas. El decreto es algo necesario pero quedará como símbólico”.
La propia presidenta del Foro Ciudadano por la Memoria Histórica de Córdoba, María del Mar Téllez, asegura que muchas de las pocas mujeres que aún viven siguen sintiendo vergüenza, “no quieren admitir lo que sufrieron ni revelar sus nombres”. Una de ellas estuvo sentada frente al historiador Arcángel Bedmar en Montilla cuando éste recopilaba información para uno de sus libros. “Su familia me contó que le raparon la cabeza con sólo catorce años, algo que no era habitual. Ahora tiene unos ochenta y pese al tiempo que ha pasado, ni quiere revelar su nombre ni contar su experiencia”.
Además, junto a todas las víctimas que vivieron de cerca las agresiones, hay centenares de mujeres que, tal y como denuncia el Foro por la Memoria de Andalucía, “sufrieron el hambre y la miseria, que tuvieron que levantar a sus familias después de que asesinaran a sus maridos o sus hijos, y sufrieron el desprecio y la humillación de las autoridades y allegados al régimen franquista”. Y para éstas, como denuncia la responsable del Foro por la Memoria Histórica en Córdoba, Isabel Amil, no hay nada.
Si bien, no hay mejor ejemplo de la herida de por vida que el franquismo dejó en las mujeres que la que encontró Juliana al visitar a su tía Isabel justo unas semanas antes de que muriera. Enferma de alzheimer y con cerca de noventa años, apenas logró reconocer a su sobrina. Si bien, bastó que ésta le tarareara La Internacional anarquista para que la anciana la silenciara mientras le decía “calla, calla, que si te oyen me quitan mis niños”.
Luz a la verdad y justicia
El auténtico y real resarcimiento al terror y a los daños que hubieran querido todas las mujeres represaliadas, y que exigen sus propios familiares, es que las cientos de historias que sufrieron no caiga en el olvido. Juliana sólo reclama “justicia, ni dinero ni ayudas. Lo importante es que se sepa toda la verdad. Incluso deberían dejarnos contarlo en los colegios tal y como ocurrió para evitar que nuestros hijos y nuestros nietos vuelvan a repetir algo tan horrible”.
En la misma línea Bedmar insiste en que sería muy positivo que las administraciones sigan fomentando las publicaciones y exposiciones del tipo a la recientemente mostrada en Córdoba, Las presas de Franco, para rescatar de la amnesia colectiva a las mujeres pues, fueron ellas quienes sufrieron la barbarie fanquista incluso con mayor dureza que los hombres. Además, sostiene, “es importante que se facilite a los historiadores el acceso a las fuentes oficiales que tienen información sobre cómo ocurrieron los hechos, como por ejemplo a los archivos militares de Sevilla”.
Araceli, Manuela e Isabel Sánchez han muerto, al igual que centenares de mujeres represaliadas, sin que nadie les reparara su dolor ni les recompensara por la barbarie franquista. Si bien, tal y como asegura su sobrina, “los familiares seguiremos luchando para que la Historia los ponga en el lugar que merecen”.
Las indemnizaciones de la Ley de Memoria tampoco las beneficia
El avance que supuso para las víctimas del franquismo y sus familiares el que la Ley de Memoria Histórica reconociera una indemnización para los represaliados durante la época del franquismo, no tuvo en cuenta a las mujeres que sufrieron una violencia incluso más dramática que la que vivieron aquellos y aquellas que estuvieron en la cárcel pues, apenas una minoría de ellas han tenido acceso a éstas.
Tanto es así que de las 2.742 indemnizaciones concedidas a represaliados en Andalucía, únicamente un cinco por ciento han sido recibidas por mujeres, pese a que, como ya ha denunciado el Foro por la Memoria Histórica en reiteradas ocasiones, son el colectivo con el que más se ensañaron los falangistas en todas las provincias de la región.
Ahora, este nuevo intento de la Junta de Andalucía por resarcir los daños que el franquismo ocasionó a cientos de mujeres, vuelve a caer en saco roto pues, tal y como ya han denunciado los distintos colectivos, pese a suponer un avance, la gran mayoría de víctimas ha fallecido y las que aún están vivas no podrán certificar los abusos.
Javier Mestre. Rebelión, - 29 Marzo 2010
Los compañeros del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera han visto resarcida parcialmente la decepción con la relevancia mediática que ha adquirido la exhumación frustrada de los siete republicanos asesinados hace más de 70 años en la conocida como “Cuesta del Avión”. El alcalde psocialista del pueblo, que paradójicamente se llama Miguel Hernández, se reunió con ellos por sorpresa el viernes 26 por la tarde y les comunicó que el dueño de la finca no quería que se hiciera ningún tipo de “política” al desenterrar los cuerpos, que sólo autorizaba a bajar hasta la fosa a los familiares directos y los técnicos y que nada de banderas republicanas ni “apología” (sic). El primer edil de la localidad se mostró, asimismo, muy enfadado porque el sistema de alertas de Google le había avisado de que se había publicado en Internet un comunicado del Foro en el que se decía que los siete del Avión habían sido asesinados por falangistas de Candeleda… ¡Cómo se les ocurría sacar semejantes trapos sucios, si contaban con el respaldo del Ayuntamiento! ¡Habían manchado el buen nombre del pueblo y lo ponían a él en un compromiso, dado que gobierna en coalición con un concejal de derechas! ¿Quién os va a ayudar en adelante, si perdemos las próximas elecciones, insensatos?, parece ser que les reprochó a los activistas contra el olvido.
Ahora, el alcalde se habrá cansado de recibir alertas Google con el suceso. Los militantes locales del desenterramiento de ignominias no han podido menos que sonreír por el carácter esclarecedor que han tomado los hechos. Bien mirado, los restos podrán esperar hasta que se obtenga –tiempo al tiempo, y siempre por medios privados- la expropiación provisional forzosa de la parte de la finca que los fascistas convirtieron en umbrío cementerio. Ahora, en todo el mundo se ha visto que este país está enfermo y aflora el mal por la herida que la excavadora no ha podido hacer en terreno candeledano.
Familia y política
La actuación del PSOE en materia de la denominada memoria histórica es un puro lapsus derrotista. Un pisoteo de las cunetas. Una palada de tierra encima de los represaliados del franquismo, de sus propios militantes de antaño. En cualquier país civilizado, si se hace algo así como restaurar la democracia, como mínimo el Estado asume sus responsabilidades más elementales y esclarece los crímenes de la dictadura, desentierra los cuerpos y resarce moral y económicamente a las familias que llevan más de setenta años viviendo salvajemente damnificadas. Lo hace el Estado con leyes que obliguen a los jueces a asumir sus responsabilidades, y que pongan los medios materiales y jurídicos para que se reparen en lo posible los daños brutales infligidos a los derrotados. Así, la expropiación parcial de los lugares donde estén los cuerpos y las pruebas del crimen de lesa humanidad (de esos que no prescriben según los convenios internacionales firmados por España, que tienen rango constitucional y deberían estar por encima de, por ejemplo, la Ley de Amnistía) debería efectuarse de oficio.
Arteramente, los que se han quedado con las siglas históricas de la organización de Pablo Iglesias han dejado los procesos de exhumación en manos privadas, reducidos a algo así como actos dentro de la órbita de lo familiar que el Gobierno puede apoyar puntualmente mediante subvenciones o cediendo algunos recursos de las administraciones. Tras setenta años de represivo silencio, de terror de Estado, ahora, con la Ley de la Memoria Histórica y las variadas actuaciones de gobernantes socialistas de toda laya, nos vienen a decir que nos podemos dar con un canto en los dientes porque nos dejan sacar a los muertos, y hasta nos ayudan, porque es algo humanitario a lo que las familias tienen derecho. El dueño del terreno, a través del alcalde, ha querido imponer unas condiciones apolíticas para la exhumación. En principio, ante una iniciativa familiar en la tierra de otro, prima el derecho de propiedad, ¿no? Así, nos encontramos con que la segregación de algo que es de justicia y que tiene serias repercusiones políticas a la esfera de lo privado conlleva naturalizar la oposición entre el tratamiento familiar, es decir, apolítico del crimen, frente a las aspiraciones de esos rojos del Foro por la Memoria que quieren aprovechar las circunstancias para politizar el caso.
Sacar los muertos, esclarecer cada caso del conjunto coherente de lo que fue un evidente genocidio político, si no se politiza debe ser, entonces, una cuestión jurídica. Si el Gobierno y el Legislador no ponen los medios para que sea una cuestión jurídica, entonces ¡la están politizando a lo bestia! Si se utiliza el derecho de propiedad para reprimir la exhibición de las ideas democráticas por las que fueron asesinados los jornaleros, resarcimiento mínimo que exige su memoria, se está dando una politización brutal del caso… una politización que prolonga setenta años después la violencia fascista. Es lo que pasa con las neurosis. Las racionalizaciones esconden la mugre reprimida.
Exhumar cartagineses
Uno de los factores que contribuyeron a hacer definitivamente imposibles las exhumaciones de la Cuesta del Avión fue la actitud del grupo de arqueólogos que se había juntado para efectuar las labores técnicas correspondientes. Ante el tono y los argumentos del alcalde cuando, en nombre de la propiedad de la finca, quiso imponer condiciones vergonzantes, inauditas, para la exhumación, los jóvenes arqueólogos, que en su mayor parte no pertenecían al movimiento antiamnesia, reaccionaron solidarizándose a su modo con el Ayuntamiento y la propiedad de la finca en contra de la metodología de los Foros por la Memoria. Adujeron que ellos habían acudido allí a “desenterrar cuerpos, lo mismo nos da que sean republicanos que cartagineses”… Total, se trata de lo ya pasado, de fases ya superadas de la Historia. Este argumento es el colofón sintomatológico que explica el éxito político de la pedagogía del terror franquista y su continuación reformista. Ahora resulta que son batallitas del pasado, trabajo para arqueólogos, material inerme en el mundo presente.
Es curioso que un argumento de esa bajeza moral, proferido con una exasperante naturalidad, sea compatible con la afirmación siguiente: “Nosotros los sacamos y se los damos a los familiares, y punto”. Vaya, como con los huesos de cartaginés o de romano, ¿no?, buscamos a los familiares y se los damos.
Además, aparte de que aún están vivos los que han tenido que pasar una vida entera huérfanos de padres o abuelos por crímenes de estado silenciados y aún vergonzantes, hay que ver lo importante que resulta la caída de Cartago para la legitimación de la Constitución Española del 78. ¿Estará Escipión criogenizado? Igual lo podemos despertar para que responda por sus crímenes.
28/03/2010 EL PÚBLICO
El dueño de la finca, situada en la localidad de Candeleda, lo ha impedido según denuncian desde Foro por la Memoria
FE – Ávila El Foro por la Memoria Histórica del Valle del Tiétar y La Vera recurrirá a la vía judicial para poder exhumar en un paraje de Candeleda (Ávila) a siete represaliados en 1936, durante la Guerra Civil, tras suspender hoy estas labores ante la negativa del dueño de la finca donde se encuentran los cuerpos.
Así lo ha confirmado este mediodía el coordinador de los trabajos, Sergio Esteban, quien ha referido la existencia de “un problema”, tanto con el dueño de la finca como con el alcalde de Candeleda, Miguel Hernández, quienes “han querido imponer unas condiciones que no eran las pactadas con los familiares de los represaliados y con el Foro por la Memoria”.
“El dueño de la finca nos ha comunicado a través del alcalde de Candeleda que se prohíbe cualquier exhibición y apología política en su terreno. Consideramos que esta circunstancia vulnera los protocolos del Foro por la Memoria, por lo que hemos decidido aplazar la exhumación y poner la correspondiente denuncia”, ha indicado.
La solución, a su juicio, pasa por una decisión judicial que expropie de forma temporal el terreno para poder llevar a cabo la exhumación.
Los cuerpos de los siete jornaleros republicanos represaliados en 1936, durante la Guerra Civil, se encuentran a pocos metros de la carretera, en el lugar conocido como la Cuesta del Avión, dentro del término municipal de Candeleda (Ávila).
La fosa fue encontrada gracias a los testimonios de un pastor que presenció el enterramiento y su excavación será realizada por un equipo de arqueólogos del Foro por la Memoria y voluntarios.
Hasta el momento ya se han llevado a cabo prospecciones y catas el pasado mes de enero para localizar los cuerpos de Francisco Martín Vélez, Régulo Martín Plaza, Emilio García Hornillo y Tomás Retamar Vicente, todos ellos vecinos de Poyales del Hoyo (Ávila), aunque se piensa que puedan encontrarse hasta tres cuerpos más.
El dolor de las víctimas de Málaga es el dolor de todas las víctimas del franquismo y el fascismo internacional, asesinados sepultos o insepultos, desaparecidos, exterminados en las prisiones, pequeños víctimas de desaparición infantil, deportados a los campos nazis, exiliados, torturados, explotados como mano de obra esclava, vejados, largamente expoliados todavía en nuestros días.
Las imágenes hechas públicas de las fosas de Málaga conmueven la conciencia de la humanidad, como en su día las de Badajoz, Gernika y tantos otros lugares de nuestra geografía; son las imágenes del genocidio de un pueblo.
Los conceptos jurídicos, las propias palabras no alcanzan frente a la fría realidad de los cuerpos, la cal viva y las fosas, en Málaga y en todos los demás lugares de España; las cifras tampoco son suficientes; ni las estremecedoras cifras de Málaga, ni las de otros lugares, ni las de el conjunto de todos éstos y todas las fosas clandestinas que aún restan por exhumar, los ‘niños perdidos’ que aún restan por encontrar.
El mero hecho de pensar que el actual Jefe del Estado otorgó el título nobiliario de “Marquesado de Arias-Navarro” con categoría de Grandeza de España, noble entre los nobles, y que uno y otra siguen vigentes mientras se continúan exhumando cuerpos en Málaga nos llena de vergüenza por la situación de impunidad del franquismo en nuestro país y por la inmoral actuación del conjunto de nuestras instituciones y también nos llena de rechazo hacia esa “nobleza franquista”, de los genocidas ensalzados con títulos y honores que transmiten a sus descendientes mientras los de sus decenas de miles de víctimas, muchas veces todavía condenados como criminales, no reciben ni sus restos mortales y se les niegan sus más elementales derechos humanos y los derechos a la verdad, justicia y reparación y se ven obligados a peregrinar de fosa en fosa.
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Se crea un grupo de trabajo para trabajar por la III Republica
Madrid, 28 de febrero de 2010. El Partido Comunista de España a iniciativa de la Responsable de Movimiento Republicano Gloria Aguilar, se realizó el pasado día 25 de febrero una reunión del grupo de trabajo para trabajar por la Tercera Republica, a la reunión asistieron entre otros el Secretario General del PCE José Luis Centella, el exsecretario General Julio Anguita, el Alcalde de Puerto Real (Cádiz) José Luis Barroso, el exdiputado Andaluz Antonio Romero y militantes del partido como Armando López Salinas y José María Coronas, en el encuentro se acordó la celebración de una Conferencia Republicana para el otoño que apruebe la propuesta republicana del Partido Comunista de España.
Sobre la base el documento presentado por Anguita “estructura e ideas básicas sobre la Tercera Republica”, la comisión acordó poner en marcha una iniciativa política para un proceso constituyente de la nueva republica, con la máxima participación y consenso social. L@s comunistas españoles se sitúan en el momento actual, teniendo presente que nos encontramos en una nueva etapa, pues desde unos años acá crecen las actividades políticas y culturales ligadas a difundir y recuperar el ideal republicano, y se marcan el objetivo de trabajar para construir la III República, y en función de este objetivo se han marcado una serie de concreciones: La primera y segunda Repúblicas son para el PCE referencias históricas indispensables para marcar el hilo conductor del pensamiento republicano así como para recoger y actualizar aquellas aportaciones y propuestas que sirvan para este siglo XXI. Dedicando una parte muy importante del esfuerzo al hoy y al mañana.
En este sentido, para l@s comunistas, la República no es otra cosa que el marco económico, social, político, cultural e institucional con que el que los ciudadanos y ciudadanas de la República se dotan libremente y por el que se consienten para afrontar los problemas y sus soluciones. Es la respuesta a los problemas del neoliberalismo, es la alternativa al neoliberalismo, por lo tanto el proyecto republicano no debe ser encasillado en función de la terminología referida a espacios en el espectro político. Tenemos que darle a la palabra República una entidad de propuesta que la haga más accesible y llamativa; La República es la reforma económica, social, política, ideológica y de nuevos valores a la situación real, por lo que para el PCE, la economía es una ciencia que está al servicio de la política.
Por lo tanto la República, es una propuesta que se hace a la ciudadanía, a los colectivos en los que ella se organiza a fin de que se incorporen para construirla. Estamos pues ante una propuesta política que recaba la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas para que tanto una como los otros y otras vayan realizándose en un marco nuevo. En definitiva la República no viene; se trae construyéndola.
Por último, l@s comunistas españoles seguirán mostrando a la corona tal como es, es decir como garante de las políticas neoliberales que han creado la crisis económica, y pidiendo claridad y transparencia en al actuación de la casa real, como esta siendo la campaña de recogida de firmas “en que te gastas mi dinero” en la que se pide que las cuentas de la corona, más de nueve millones pagados por todos los españoles, sean auditadas como las del resto de organismos de este país. Y han situado como eje de sus actuaciones la ruptura con los restos del régimen franquista a través el proceso constituyente de la Republica, la búsqueda de alianzas para este proceso, la concreción de un programa republicano y favorecer un proceso en las elecciones de 2011 de ayuntamientos republicanos.
Así lo explicó hoy a los periodistas la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, que señaló que este primer pacto, que ha contado con el beneplácito de las 18 asociaciones y foros hoy reunidos, basa su fundamento en torno a tres ejes: la "reparación moral" de las víctimas; la coordinación de todas las intervenciones por parte del Comisariado de la Memoria Histórica, dependiente de la Consejería; y la divulgación, de manera que "todas las formas de contar lo que pasó serán compatibles". Además, el grupo de trabajo acordado, que se reunirá trimestralmente, estará integrado por un miembro de cada una de las asociaciones andaluzas y tendrá carácter "consultivo", no "decisorio". Su objetivo será la puesta en común de todas aquellos trabajos relacionados con la memoria histórica, para determinar cómo se están desarrollando y establecer la forma de darlos a conocer, de manera que contribuyan a continuar con la reparación moral y la recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva de todos los represaliados. Según mantuvo la consejera, todas las asociaciones están de acuerdo con estos "principios básicos", que, aunque podrían ser "más ambiciosos", tienen que concitar todos los intereses basándose en los anhelos de las familias de los desaparecidos y asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo. Entre las voces que han pedido más a la Consejería se encuentra la del Foro por la Memoria de Andalucía, que exige, además de una reparación moral, "que se cumpla el Derecho Penal Internacional" y la reparación sea además "judicial" y "económica" para aquellas víctimas cuyos bienes fueron "expoliados", explicó hoy uno de sus portavoces, Carlos Castellano. Antonio Iglesias, integrante de la Asociación Memoria, Libertad, Cultura y Democracia, consideró que el pacto suscrito hoy es "genial" puesto que la memoria histórica "es una batalla que aún tenemos que ganar". Para Iglesias, condenado a tres años de prisión por el Tribunal de Orden Público ya en el ocaso del franquismo, en política de memoria histórica "hay que ser realista", si bien lamentó que el debate no se haya abierto antes. "Hemos perdido un tiempo precioso", sostuvo Iglesias, que confió en que la Administración trabaje a partir de ahora en consolidar el acuerdo alcanzado hoy en la Fundación Euroárabe de Granada. La presidenta de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Maribel Brenes, alabó que la Consejería esté promoviendo que "la base se esté estableciendo" para aunar las metodologías a llevar a cabo en las actuaciones de las asociaciones y consideró "bastante positivo" que todas las reunidas hoy coincidan en la base, "algo importante para ir avanzando". En la reunión de hoy en Granada han participado, entre otros, representantes de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica; la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén; el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Córdoba; la Asociación Guerra, Exilio y Memoria de Andalucía; la Amical de Mathausen; la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica; el Grupo de Investigación 'Todos los Nombres'; la Coordinadora Andaluz de Asociaciones de Memoria Histórica; la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática; el Foro por la Memoria de Sevilla; el Foro por la Memoria de Andalucía; y el Foro por la Memoria de Granada.
El primer "pacto por la Memoria Histórica" en Andalucía se ha 'constituido' este lunes en una reunión presidida por la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, y a la que han asistido 18 asociaciones y foros de la memoria, tanto provinciales como autonómicos. Un encuentro en el que han decidido que volverán a reunirse dentro de tres meses para constituir de un "grupo de trabajo" permanente en el que todos estén representados.
Los tres "pilares básicos" del acuerdo de mínimos alcanzado son la reparación moral de las víctimas, "con la que todos estamos de acuerdo"; la coordinación de las actuaciones a cargo del Comisariado de la Memoria Histórica, para que todas sigan una misma metodología; y la divulgación del "conocimiento de lo que pasó", para lo que "todas las formas son compatibles", según ha precisado la titular de Justicia.
Álvarez ha defendido el encuentro y lo firmado, pese a su falta de traducción en medidas concretas, como "un primer paso" que permitirá "ser más ambiciosos en el futuro", dado que, según justificó, "poner a asociaciones tan diferentes de acuerdo es muy complejo". Por eso, dijo, se trata de "poner las bases" para más adelante.
Entre los que no han quedado del todo contentos se encontraba Carlos Castellano, del Foro Andaluz por la Memoria Histórica, quién declaró que su grupo defiende "que se aplique el Derecho Internacional sobre los crímenes del franquismo" y considera "poco ambicioso" el acuerdo alcanzado.
Por su parte, Maribel Brenes, presidenta de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica recordó que "aunque con el protocolo de la Junta hay quien está de acuerdo y quien no, sólo se aplica al que pida subvención", renunciando, eso sí, a "la seguridad jurídica" que aporta el apoyo de la Administración.
Finalmente, Antonio Iglesias, presidente de Memoria, Libertad y Cultura Democrática, que reúne a represaliados por el franquismo, pidió que "todas las administraciones se crean de verdad la recuperación de la memoria", y opinó que "la batalla por la memoria aún no está ganada porque hay mucha gente que se opone a que se conozca la verdad".
Este encuentro es posterior a la polémica destada primero por la búsqueda de la fosa donde supuestamente Lorca está enterrado y después, por el fracaso en el intento.
La comisión de este área lleva casi un año estancada y el PP se niega a su reactivación
ELPLURAL/ANDALUCÍA
El Partido Popular ha demostrado estar en contra de las acciones destinadas a recuperar la Memoria Histórica. En esta ocasión es el PP de Málaga, con Francisco de la Torre al frente, quien ostenta la alcaldía de la capital, el que se ha negado a aprobar una moción presentada por IU que abogaba por recuperar la comisión municipal para la recuperación de la memoria histórica. Hace casi un año que esta comisión no se reúne
Desde Izquierda Unida habían solicitado que se recuperase esta comisión y se cumpliese la llamada Ley de la Memoria Histórica en la capital malagueña. Los populares, sin embargo, no están de acuerdo y se han negado a aprobar la iniciativa.
Museo de la Memoria Histórica
IU también había solicitado reconvertir la Cárcel Provincial en un Centro Museo Documental de la Memoria Histórica. A pesar de que en el pleno se había aprobado por unanimidad, el PP ha rechazado cumplir esta iniciativa.
Más de 100 calles franquistas
Además de esta negativa, IU se ha quejado en varias ocasiones del callejero local de la capital. Según su portavoz, Pedro Moreno Brenes, hay más de 100 calles con nombres de los principales personajes de la dictadura. Incluso, recalcan, una lleva el nombre de Francisco Franco. Además, escudos, placas y bustos franquistas todavía perviven en las calles de Málaga.
Recuerdos “ofensivos”
El portavoz de IU continúa señalando que no cree que esta “sea la tónica” en “todo el PP”, pero señala que en Málaga “hay personas en el PP a quienes no les gusta la recuperación de la memoria histórica”. Pedro Moreno Brenes asegura que hay gente a la que le resulta “ofensivo recordar y dignificar a las víctimas del franquismo”. Desde IU señalan que esta postura es “inadmisible” y se han quejado públicamente de ello.
Reactivar la Comisión
La moción presentada por IU, señalan, pretendía “reactivar la comisión de memoria histórica”. Con esta iniciativa pretendían retirar los nombres franquistas de las calles y anular la declaración de hijo predilecto a Queipo de Llano que llevó a cabo el Ayuntamiento de la localidad.
Queipo de Llano, hijo predilecto
El general franquista Queipo de Llano, “la segunda Giralda de Sevilla”, como lo bautizó José María Pemán, fue nombrado hijo predilecto de Málaga tras la ocupación de la capital. A pesar de que en su ciudad natal, Sevilla, ya se le ha retirado el título de hijo predilecto, el PP malagueño sigue manteniendo la distinción.
A principios de la década de 1980, una Comisión de Encuestas de la Diputación de Granada elaboró un informe con un objetivo claro: ubicar los restos de Lorca. El 22 de julio de 1980, tras escuchar a numerosos testigos e investigadores, la Comisión concluyó: “Con las dudas razonables, el terreno en que puedan estar los restos de García Lorca debe situarse entre el paraje que se viene repitiendo en los testimonios y que se ubica próximo a los olivos y peñascos reiteradamente citados”. Ese enclave incluye la zona donde se ha buscado ahora, sin éxito.
Allí se inauguró, en 1986, el Parque Federico García Lorca, tras los resultados de ese informe. Descartada ahora la zona que ofrecía más indicios, las hipótesis más fundamentadas sobre el paradero de Lorca apuntan a un área de olivos, a unos diez metros a la derecha del enclave ya explorado, así como al paraje de El Caracolar, a 400 metros de la zona.
“Yo pincharía en tres sitios: el primero, sin duda alguna, El Caracolar; dos, a la derecha del monolito en el que han estado buscando, entre el olivo y los chalés, justo en medio del pinar; y tres, en el campo de instrucción de las tropas, antes de llegar a Fuente Grande”, explica el periodista e historiador Gabriel Pozo, autor de Lorca, el último paseo.
El hispanista Ian Gibson ha reclamado también que la búsqueda se amplíe a ese mismo pinar del paraje de Fuente Grande, muy próximo al lugar que le indicó en 1966 Manolo El Comunista, supuesto enterrador forzoso del poeta. Existe, incluso, la sospecha de que esos pinos fueron plantados expresamente para ocultar enterramientos. “Es difícil saberlo. Pero los plantaron a principios de los 50, y no sólo ahí, era un plan de repoblación de toda la zona”, dice Pozo.
Los rumores sobre la muerte de Lorca son cuantiosísimos y la falta de restos óseos en Alfacar los alimentan. Los más extendidos, aunque no demostrados ni avalados por datos fiables, son los de la exhumación del cuerpo de Lorca por parte de las autoridades franquistas, quizás incluso con la complicidad de su familia.
(...)
Fuente: Publico.es
Federación Estatal de Foros por la Memoria
Las instituciones están realizando un ejercicio de frivolidad política que nos acerca cada vez más a una monarquía bananera que a un estado democrático de derecho
El cúmulo de desvaríos iniciado con la denominada “Ley de la Memoria Histórica” (de la vergüenza histórica, como la denominamos las asociaciones), continuó con la comedia protagonizada por Garzón –posiblemente en alianza con el Ejecutivo- para que se visualizase la imposibilidad de una solución jurídica coherente con el Derecho Penal Internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sólo se visualizase la famosa “Ley” como logro del Gobierno; siguió con los protocolos de exhumaciones articulados por diversas comunidades autónomas, dando a los republicanos españoles el mismo tratamiento arqueológico que a los restos antropológicos de Atapuerca; y continuando, por fin, con el disparate de buscar a Lorca, instrumentalizando a familiares que no lo son, familiares que sí lo son y familiares presionados, poniendo por encima de una decisión judicial, que está pendiente en el Tribunal Supremo, una decisión administrativa. Nuestra organización, a través del Foro por la Memoria de Andalucía presentó alegaciones en tiempo y forma, sin que hasta la fecha se hayan contestado, indicando esta situación. Esperemos que se pidan cuentas al respecto a la Consejera de Justicia y al Comisario de la Memoria de Andalucía, en especial por no valorar lo que desde el movimiento memorialista y desde diversas organizaciones de Derechos Humanos se viene reclamando desde hace años: la aplicación de las leyes y normas internacionales relacionadas con lo crímenes contra la humanidad imprescriptibles.
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Plataforma de ciudadanos por la república
Amordazar la memoria de la resistencia antifascista ha sido una constante desde el inicio de la transición, incluso podríamos decir que fue una necesidad ineludible si tenemos en cuenta que la impunidad del franquismo forma parte de la fórmula que sostiene el actual régimen monárquico. La suerte de la lucha por la memoria en estos años es conocida: desde abajo, pese a todo las contrariedades, desde la ciudadanía se ha luchado contra aquel pacto de silencio y olvido en un combate que sigue todavía y que tiene la Tercera República como objetivo y al que la mal llamada Ley de Memoria ha intentado frenar.
Uno de los frentes abiertos es el cine documental, donde en ocasiones algunos autores logran vencer las sutiles —o no tanto— formas de censura con las que nuestra flamante democracia intenta ponerle puertas al campo de la memoria.
En 2009, el director de cine y guionista Falconetti Peña ha estrenado el documental «Causa 661/52. La insolencia del condenado». Se trataba en el proyecto original de narrar la historia de la agrupación guerrillera de las Sierras de Málaga y Granada entre 1939 y 1951, a través de la figura del que fuera su comandante, el militante comunista Ricardo Beneyto Sapena, veterano oficial del Ejército Popular Regular (EPR) de la República Española, comisario jefe de las fuerzas blindadas del Ejército del Centro durante la Guerra Civil. Hasta aquí la historia de este documental podría ser la misma de las decenas de documentales que se han realizado al amparo de las diversas subvenciones públicas con las que se está «apoyando» la recuperación de la memoria histórica, sin embargo el proyecto del director era algo más ambicioso. Beneyto asumió el intento de organizar la resistencia de los cientos de guerrilleros y enlaces que en las serranías granadina y malagueña mantenían la lucha antifascista desde 1939, una historia terrible y dura, llena de heroísmo en la que la muerte y la traición fueron las únicas armas que pudieron vencerles. Por emplear las palabras del director, el documental pretendía encontrar explicación a por qué cientos de campesinos andaluces escogieron «morir de pie» antes que rendirse. Peña decidió no limitar su relato al pasado. A partir de ahí empezaron los problemas.
Granada es una provincia donde los poderes tradicionales, la oligarquía agraria andaluza y su red de complicidades sociales actual, es más visible todavía hoy: la masacre de la Guerra Civil no es algo ajeno a ello. Una fiesta oficial en la capital, la llamada Fiesta de la Toma, se celebra cada año para conmemorar la conquista del antiguo reino nazarí de Granada y el fin de la Reconquista. Desfilan las tropas de la guarnición, se enarbolan los antiguos guiones y banderas y se remata todo con una misa solemne en la catedral con la presencia de militares, eclesiásticos, aristócratas, representantes de los poderes públicos —alcaldía, diputación, delegación del gobierno, Junta de Andalucía— con lo más selecto de la sociedad granadina; desde hace algún tiempo se suma también la extrema derecha granadina que ese día rescata los yugos y las flechas y elevan los brazos a la romana jaleando el paso de los soldados y soltando su mensaje de odio a inmigrantes, moros y rojos. El director decidió incluir algunas imágenes de esta vistosa celebración de memoria histórica con algunos siglos de tradición; ahora bien, «el documental [que intentaba] retratar la memoria política de unos campesinos que lucharon contra Franco, consideraba [también] interesante retratar la memoria política de la oligarquía de Granada, ver que quedaba en su memoria de esa represión». El documental se realizó pese a todo y el director lo envió a la productora andaluza «bien situada» que lo había apoyado. La reacción fue brutal.
Lo relató el propio F. Peña: en la copia final se incluyeron las imágenes de la Fiesta de la Toma y, finalmente, «acabo el montaje y lo mando a Sevilla, y la productora lo ve y pone el grito en el cielo; me dice que no viene a cuento, directamente, y que estéticamente no tiene interés y les digo que no tendrá interés para ellos pero para mi sí». La oposición al documental fue frontal. Añade Peña: «Durante meses, el autor montó, desmontó, cortó, pegó, conspiró y amenazó buscando una salida y al final se quedó sin documental». ¿Motivos? Tardó en descubrirlo. Sigue el director con la narración del boicot sufrido: «Y cuando pasa a Canal [—nombre velado con un pitido—] ya la cosa se pone aún más fea (…) me dicen que vaya limpiando el asunto y yo no me explico porqué. A ver ¿Por qué? Hasta que un amigo viendo conmigo el montaje, me dice [que] es que uno de los personajes que más has retratado en [tus imágenes de] la toma, uno de los personajes centrales, es precisamente un alto cargo del PSOE. Y yo no lo sabía».
El resultado fue el embargo del documental original. Peña no se rindió, logró rescatar legalmente parte del material filmado y junto con imágenes extra y un nuevo guión y montaje, le dio la vuelta a la situación y consiguió acabar y estrenar una nueva obra, titulada «Causa 661/52. La insolencia del condenado».
Causa 661/52 fue el nombre judicial del proceso al comandante guerrillero Ricardo Beneyto y sus compañeros. Detenido en 1947, Beneyto logró ocultar su verdadera identidad durante años, siendo procesado por otros cargos. En 1956, finalmente, la delación de un traidor que creyó con ella poder salvar su propia vida, le llevó ante un piquete de ejecución. Beneyto cayó dando un viva al partido comunista, en un extraordinario ejemplo de honradez y dignidad antifascista.
El documental desarrolla paso a paso la odisea de algunos de aquellos guerrilleros y sus enlaces del llano, los patriotas antifascistas, civiles que en sus casas ayudaban a la resistencia. En las serranías de Granada y Málaga lucharon y cayeron bajo las balas fascistas más de 300 guerrilleros entre 1939 y 1956, pero el número de civiles, hombres, mujeres y niños, los enlaces, que resultaron muertos, encarcelados y torturados fue mucho mayor, superando las dos mil personas. Una lucha feroz en la que cayeron igualmente sea en combate o ajusticiados en esas dos provincias y según datos militares franquistas, 80 guardias civiles, 65 soldados y oficiales (tabor de regulares Alhucemas 5, Regimiento de infantería Nápoles 24 y Policia Armada en campaña) y 73 falangistas y colaboracionistas diversos
La factura, montaje y ritmo del documental son excelentes; el desarrollo del tema es progresivo y varias líneas argumentales se entrecruzan manteniendo así la tensión. Uno de los testimonios más importantes es el de un veterano superviviente de lo que se llamó la gran travesía, una retirada de cientos de kilómetros que llevó desde las montañas de Granada hasta Francia a los últimos seis supervivientes de la Agrupación Guerrillera que nunca fueron ni vencidos ni capturados. Dando la contra se escucha también la versión de un oficial fascista que da detalles de la lucha y represión desde el punto de vista franquista, una lucha en la que la delación, la traición y la tortura y la muerte fueron fundamentales.
La historia de los guerrilleros de Granada y Málaga va generando más y más interrogantes. ¿por qué mantenían la lucha? ¿Quienes eran? ¿cuál era la estrategia del PCE que estaba detrás de la lucha guerrillera? Y entre las preguntas surgen las dudas: ¿cuál fue el papel de Santiago Carrillo en los años de la guerrilla, primero, y en los de la Transición, después?
Cuando «Causa 661/52» entra en diálogo con el presente y se contrapone la terrible historia del pasado con los discursos de la transición, el documental gana en profundidad. Ya no es un documental como tantos otros, con testimonios más o menos valiosos, pero dispuestos como partes de un camino que no lleva a ninguna parte. No es el caso. Aquí se intenta reflexionar seriamente sobre las contradicciones que la Transición ha supuesto y que han llevado a la impunidad del franquismo y al olvido sistemático de la historia de la resistencia antifascista.
El sociólogo y profesor de la Universidad de Granada, José Antonio Fortes, explicita en sus intervenciones en el documental, algunas de las claves que explican el carácter estupefaciente de muchas actuaciones en pro de una supuesta «recuperación de la memoria histórica». Fortes lo dice claramente: el sistema soporta los acercamientos en clave sentimental o histórica, pero no en clave de análisis político. La memoria histórica es un campo de batalla de la lucha de clases y el aplastamiento criminal, genocida, de la resistencia armada republicana, de la lucha proletaria y hasta de la burguesía republicana por la reacción y el fascismo, es algo que no puede ser explicitado: el bloque de poder actual no lo soporta, sus relaciones con el pasado fascista son demasiado fuertes. Ese aplastamiento de la resistencia antifascista fue, además, en todos los ordenes, militar, pero también económico, cultural, ideológico con unas consecuencias que duran hasta el presente, quienes intenten así decirlo serán acusados de «radicales, intransigentes», etc.. Fortes es claro y conciso en sus intervenciones en el documental, ofreciendo una luz interpretativa que está ausente en casi todas las obras de este tipo.
Poco a poco, la historia de lucha a muerte en las nevadas sierras granadinas se convierte en una colección de interrogantes sobre la transición. Olvido, impunidad, traición, pero también algunas continuidades inquietantes: el padre del General Galindo fue un guardia civil enfangado en toda la sangre y la muerte de aquella lucha, en el documental se nos recuerda como este triste papel fue heredado por el hijo, quien asciende a general por decisión del gobierno de Felipe González sin que su implicación en los crímenes del GAL en los años 80 les aconsejara lo contrario.
Con todo, la búsqueda de respuestas a las preguntas y dudas que la investigación ha planteado lleva al director a buscar el análisis de Gregorio Morán, autor de «El precio de la transición» y«Grandeza y miseria del Partido Comunista de España». Moran interviene con contundencia, denunciando la miseria moral de Santiago Carrillo en su papel de secretario general del PCE y su actuación tanto en aquellos años como en la transición. La realidad de la resistencia armada guerrillera planteaba a la dirección del PCE un serio problema: fuese para mantenerla o fuese para ordenar su cese y retirada a Francia una vez conocida la imposibilidad de una intervención aliada en España posteriormente a 1945. En ambas cuestiones, la dirección fracasó y las preguntas se agolpan. ¿Cómo fue posible tal sacrificio de buenos militantes, de tantos cuadros veteranos? ¿Qué ordenes se dieron entre 1946 y 1950 para reconducir la situación? Morán afirma que tras la entrevista con los yugoslavos para solicitar ayuda militar para la guerrilla de Levante, en la famosa reunión en Moscú entre Stalin y la dirección del PCE, Stalin no exigió abandonar nada. Como se recordará, pues es algo muy citado, supuestamente Stalin aconsejó —es decir, hubiese ordenado de ser así—, abandonar la opción guerrillera y poco menos que infiltrarse en los sindicatos verticales, y en la sociedad civil española del momento, etc. La dirección carrillista siempre defendió esta versión del supuesto mandato de Stalin de abandono de la lucha guerrillera y poco menos que le acusa de haber sido el inspirador de la política de «reconciliación nacional». Según Morán esto no es cierto. Stalin se reunió con Carrillo y Dolores Ibarruri para insinuarles que había problemas con los yugoslavos, que no mantuvieran esos contactos y que tuvieran paciencia en la política española, les ofreció apoyo político y económico para el mantenimiento del partido y poco más. En ningún caso, ironiza Morán, les dijo que «se afiliaran a la HOAC o a las juventudes católicas», como cierta hagiografía carrillista ha llegado a plantear.
Pero si se acude a Gregorio Morán o a ciertas imágenes actuales se debe a la necesidad de aclarar una cuestión: hay un hilo conductor entre el sacrificio de la guerrilla y las renuncias de la transición: en ambas cuestiones está presente Santiago Carrillo.
«Causa 661/52» se encamina a su final y las preguntas sin respuesta se acumulan. Peña ha intentado con plena honradez buscar los porqués de esta historia y comprender cómo es posible que la memoria histórica de la resistencia antifascista esté encontrando tantos enemigos en la actualidad. Estas dudas e interrogantes son casi lo mejor del documental, pero Falconetti Peña tiene muy claro que el sacrificio y la honradez de aquellos combatientes antifascistas, aquellos campesinos andaluces que escogieron morir de pie antes que rendirse, son los verdaderos héroes a los que se ha de rendir homenaje y de quienes se puede aprender para las luchas del presente. Quienes les traicionaron entonces o ahora, lo hicieron por salvar sus vidas o sus privilegios y son quienes no desean que se abra paso la memoria histórica antifascista.
El director lo tiene claro y concluye: «Durante casi tres años el autor luchó con la productora (…) sin comprender que los auténticos vencedores ya no necesitaban banderas ni águilas, para asesinar la memoria». Con «Causa 661/52», no lo han logrado, el documental se ha estrenado, se está difundiendo y está siendo empleado para hacer preguntas y buscar respuestas: el carrillismo, el PSOE, la transición y todas las complicidades con el fascismo quedan malparadas, todo un logro. Falconetti Peña ha marcado un camino que otras obras de este tipo deben seguir; su documental no es perfecto, nada lo es, pero resulta completamente honrado en su planteamiento y valiente en su línea argumental. La lucha continua
Publicado en 20minutos hace unos años, ese mapa nos puede ayudar a ver con claridad la extensión de la represión en toda la geografía nacional, los datos quedan muy lejos de la relidad ante la paulatina conconcienciación de la sociedad de la necesidad de denunciar la barbarie del Franquismo.
EFE 2 de Junio de 2009
José Antonio Barroso ha dicho que sólo "interpreto lo que leo y no aplaudo gratuitamente" a la Corona
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado José María Vázquez Honrubia, ha condenado al alcalde de Izquierda Unida en Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso, a pagar una multa de 6.840 euros por un delito grave de injurias al rey después de que en abril de 2008 se refiriese al monarca con los calificativos de "corrupto" e "hijo de un crápula", entre otros. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitaba por el mismo delito una multa de 10.800 euros.
El magistrado adelantó hoy tras el juicio su decisión 'in voce' en la que consideró que "efectivamente el acusado se ha excedido y mucho en su crítica política". "Considero que ha violado los tres parámetros que distinguen la crítica del insulto: la privacidad, le llama 'hijo de la crápula', insulta a su padre y a su esposa y cae en el insulto personal cuando no era necesario para expresar ideas políticas", explicó Vázquez Honrubia.
"El Código Penal establece dentro de los delitos contra la Corona que el rey representa el Estado constitucional, y usted está insultando a esa figura fundamental para el mantenimiento de la democracia", zanjó el magistrado. Durante su declaración, el alcalde se ratificó en sus palabras, pero negó su intención de ofender al "ciudadano Juan Carlos" porque, según dijo, en su condición de "republicano y comunista no cabe la injuria".
"Cuantos años tiene usted", comenzó preguntándole el juez a Barroso. "57 años cumplidos el pasado 14 de abril" -dia en el que se proclamó la Segunda República en 1931-, contestó el alcalde. "¡Vaya!, que día más apropiado", replicó el magistrado provocando las primeras risas del numeroso público presente en la sala. De este modo, comenzó el testimonio del acusado, primer edil de la localidad gaditada desde 1979 hasta hoy, excepto entre 1991 y 1995.
"Me ratifico en mis críticas", aseguró Barroso, si bien matizó en todo momento que sus palabras se englobaron en "un contexto político". "La injuria está fuera de mi práctica política en contra de lo que es común en esta democracia de filibusteros", reiteró, al tiempo que detalló que sus acusaciones iban dirigidas contra el concepto de dinastía y en concreto la borbónica.
Medios cortesanos
El alcalde, quien mostró dificultades de audición reconociéndose como un "sordo de astillero", criticó a los medios de comunicación a los que tachó de "cortesanos" por "edulcorar la figura del rey".
En ese sentido, explicó que, de la media hora que duró su discurso en un acto de conmemoración del septuagésimo séptimo aniversario de la II República que se celebró en la Casa de la Cultura de la localidad gaditana de Los Barrios, apenas hablo de Don Juan Carlos "unos tres minutos".
"Me ratifico en mis críticas", aseguró Barroso
"Sería bueno que todos en este país leyeran sobre la figura de los borbones", defendió Barroso, quien añadió que todo lo que dijo "está publicado en libros". "Pensaba que era conocido por todos", sentenció.
El juicio continuó precisamente con la audición de las expresiones que vertió el acusado en aquel acto. Si bien las risas habían estado presentes en varias fases de la declaración de Barroso ante el juez, la sala guardó silencio mientras se escuchaba parte del discurso del alcalde en el que, entre otras cosas, criticó la "condición deleznable" de Don Juan Carlos y de su padre, el conde Don Juan, al que calificó de "una persona de condición licencosa, deplorable, deleznable, no menos licenciosa que la de su esposa".
También aludió a la "acostumbrada vinculación etílica" del rey y defendió que, "si algo había que aplicarle, sería la Ley de Extranjería".
"Sería bueno que todos en este país leyeran sobre la figura de los borbones"
"El Borbón forma parte de la parte más oprobiosa de la Historia de este país, es algo de lo que nos debemos avergonzar, y al Borbón aunque no le colguemos de los intestinos de los obispos lo tendremos que echar, más temprano que tarde, de forma democrática", aseveraba también en otra parte de su discurso el alcalde, quien hoy volvió a escuchar sus palabras ante el tribunal en una sala de juicios presidida precisamente por una fotografía del rey.
Contra la impunidad de la injurias
Por estos hechos el fiscal Pedro Rubira elevó a definitiva su petición de 10.800 euros de multa alegando que, "lo que se está juzgando no es la legitimidad de la República o la Monarquía, sino que realizó que unas manifestaciones injuriosas y que eran un exceso a la libertad de expresión". "El debate es si las expresiones fueron necesarias o ultrajantes y ofensivas", insistió el fiscal, quien hizo hincapié en alertar de que si hoy no se condenaba a este acusado "este tipo delitos contra el rey quedarán impunes".
El juez central de Lo Penal, José María Vázquez Honrubia, ya ha juzgado en los últimos meses otros casos por injurias al rey como la quema de fotografías del monarca en Girona o la portada satírica de 'El jueves' que ridiculizaba al Príncipe de Asturias.
En ambos casos, impuso a los autores de las injurias multas de 2.730 y 3.000 euros, respectivamente.
No obstante, el último proceso por un hecho similar sentó en el banquillo el pasado diciembre a dos dibujantes del diario 'Deia' y a un articulista, quienes fueron finalmente absueltos por el mismo tribunal del delito de inujurias al rey por el que habían sido acusados al burlarse del monarca con motivo de la caza del oso Mitrofan.
En contra de la postura del fiscal, el abogado de la defensa de Barroso, el dirigente de IU Enrique Santiago, basó su defensa en "la prevalencia del derecho a la libertad de expresión". "Las declaraciones no han supuesto ningún tipo de ofensa ni agresión para el jefe del Estado", alegó, al tiempo que insistió en que "las críticas no iban contra el actual jefe del Estado, sino contra la dinastía borbónica y eso no se puede censurar".
Ya en su turno de última palabra, Barroso, quien hoy estuvo arropado por el coordinador general de su partido, Cayo Lara, o destacados líderes comunistas como Francisco Frutos o Felipe Alcaraz, cerró la vista reiterando su inocencia. "Yo no soy un lerdo, ni un lacayo, ni un cortesano, sé lo que digo, soy libre porque no me someto a obligaciones dinásticas ni aplaudo a nadie.
Más pronto que tarde, los pueblos de España conocerán todo y lo juzgarán", dijo. El juez hará pública su sentencia completa en los próximos días y la defensa del condenado ya anunció que la recurrirá.
Las frases de Barroso
"Al Borbón, si algo había que aplicarle, sería la Ley de Extranjería, y no a ningún emigrante que viene a construir este país".
Al rey, "aunque no le colguemos con los intestinos de los obispos, lo tendremos que echar, más temprano que tarde, de forma democrática".
"Ni soy un lerdo, ni un lacayo, ni un cortesano (...). Interpreto lo que leo y no aplaudo gratuitamente" al rey.EFE
EFE - Barcelona - 10/11/2008 16:55 /PUBLICO
La "leyenda negra" que denigró la figura del presidente de la República durante la Guerra Civil Juan Negrín fue fruto no sólo de las falsedades difundidas por el bando franquista, sino también de "la división de la izquierda", según ha explicado el historiador norteamericano Gabriel Jackson.
Jackson, que acaba de publicar una biografía sobre el político socialista (Editorial Crítica), ha dicho en una entrevista con Efe que aunque todos los republicanos tuvieron mala prensa, el caso de Negrín era especial porque "era el más educado en sentido europeo y conocía idiomas extranjeros, y estaba más preparado que Martínez Barrios o Azaña".
Las relaciones entre Azaña y Negrín fueron muy buenas hasta la primavera de 1938, cuando "afloran las diferencias ante la diferencia de criterio por la llegada del frente franquista al Mediterráneo".
Cuando las tropas de Franco llegaron al Mediterráneo, "y todos creían que la guerra estaba ya perdida", Negrín, apunta Jackson, era partidario de "la política de resistencia", pues "pensaba que la guerra contra el fascismo en Europa estaba a las puertas y entonces las potencias aliadas se sumarían a la República".
El vaticinio de Negrín no fue escuchado y, "al final, todos, incluido el gobierno británico, creían que eso era una fantasía".
En lo único en lo que Negrín, Manuel Azaña e Indalecio Prieto estaban de acuerdo era en sus críticas a la Generalitat republicana, "al insistir en una dirección bélica unida contra Franco, una idea que chocaba con las insistencias de vascos y catalanes en mantener sus prerrogativas estatutarias, lo que dificultaba además las relaciones extranjeras".
Otra cuestión que jugó en contra de la imagen de Negrín fue el tema del "oro de Moscú", allí depositado cuando el político canario era ministro de Hacienda.
Para el historiador, las críticas en relación con la salida de las reservas del Banco de España es "pura propaganda", pues "todos los gobiernos buscan siempre un lugar de seguridad cuando hay una guerra y hubiera sido suicida no hacerlo".
Negrín optó por Moscú, y no por Nueva York o Londres, porque "los gobiernos de la época eran favorables a Franco, aunque no fueran entusiastas, y preferían la victoria de los sublevados a la supervivencia de la República".
El caso francés fue especial, relata Jackson, pues fue sometido a "chantaje" por parte de los británicos: "el gobierno inglés avisó a Francia que si ayudaba a la República, no saldría en su ayuda cuando los alemanes trataran de invadirlos".
Como muestra de las injustas acusaciones de comunista que se lanzaron contra Negrín, Jackson evoca que "en 1948 publicó dos artículos en 'The New York Times' en los que criticaba el cerco soviético a Berlín y abogaba por que el Plan Marshall se extendiera también a España, pues la dictadura no acabaría si no había mejoría económica en la población española".
La gran dificultad para entender mejor la acción de gobierno y el pensamiento de Negrín es, en opinión de Jackson, "la ausencia de diarios o de un gran volumen de correspondencia, como sí pasa con Azaña".
Con relación a la Ley de Memoria Histórica, Jackson considera que se trata de "una ley confusa" y que "las familias republicanas de las víctimas de la represión franquista tienen todo el derecho de reclamar a sus familiares".
El problema radica en que "ha tenido que ir a un juez esta reclamación porque el Gobierno ha sido tan vago y ha dudado en sus acciones".
EFE/PÚBLICO 29/11/08
La nieta del presidente de la II República Juan Negrín ha ampliado este sábado la querella por prevaricación contra nueve magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que este viernes decretó la incompetencia del juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil.
Los abogados de Carmen Negrín han anunciado en una nota que impugnarán la decisión de la Audiencia Nacional, que resolvió que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales.
Asimismo, han decidido ampliar la querella por prevaricación interpuesta el pasado día 17 ante el Tribunal Supremo contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal que participaron en la deliberación del viernes "mientras están recusados".
La nieta de Negrín había solicitado que esos magistrados que ordenaron paralizar la exhumación de fosas no intervinieran en la decisión, por no ser "imparciales", pero su petición fue rechazada por la Sala.
La defensa de la nieta de Negrín, que ejercita la acusación particular en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil, asegura que la resolución adoptada por la Audiencia Nacional "trata de poner fin a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista".
No obstante, explica que "considera normal la controversia jurídica en la primera investigación abierta en España sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en España" y que "contribuirá, en la medida que le sea posible, a que el debate jurídico se dirima y resuelva ante tribunales imparciales".
El Tribunal Supremo ha rechazado asumir la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano. En una providencia notificada hoy, la sala de lo penal del Alto Tribunal desestima con este argumento la cuestión de competencia planteada por Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945), que pretendía que el Supremo asumiera la investigación de los crímenes del franquismo. El tribunal concluye que del relato de hechos planteado por Negrín "no resulta (...) que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos (...) desempeñe en la actualidad alguno de los cargos" que le convierten en aforado, como son los de miembro del Gobierno, diputado o senador, juez o consejero del Tribunal de Cuentas, entre otros muchos. El Supremo añade que tampoco "alguna de las personas que actualmente desempeñen estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado interviniera o participara en los hechos". Por ello, el tribunal considera que no hay "ninguna razón ni fundamento legal que justifique el conocimiento por la sala de lo penal" de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que desestima el recurso de Carmen Negrín y ordena su archivo. La nieta del presidente del Gobierno republicano había instado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a no pronunciarse sobre si el juez Baltasar Garzón era o no competente para investigar los hechos hasta que el Supremo tomara una decisión sobre el asunto.Desestimado
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 07/01/2009 22:00// PÚBLICO
Los juzgados de Madrid, Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Málaga y Zaragoza tienen ahora en sus manos la posibilidad de investigar el secuestro de hijos de republicanos cometido durante el franquismo. El juez Baltasar Garzón se ha inhibido a favor de los juzgados decanos de dichas capitales en una resolución notificada hoy a las partes personadas en la primera causa penal abierta por los crímenes perpetrados entre julio de 1936 y diciembre de 1951.
El magistrado explica que el auto del pasado 18 de noviembre, en el que dio el relevo de la investigación a los juzgados de los lugares donde se sospecha que hay fosas de desaparecidos, quedó anulado por la última resolución de la Sala de lo Penal que le declaraba no competente para continuar con la instrucción que había abierto. Por eso, reitera otra vez la inhibición ya acordada entonces a un total de 28 juzgados.
A falta de un informe definitivo que deben presentar los expertos designados por el Juzgado, el auto cifra entre 136.062 y 152.237 el número total de víctimas de la represión franquista en esos años.
Pero, pese a lo novedoso de ese dato, aún lo es más que por primera vez incluye en la lista de juzgados que podrán continuar con la causa a los de las ciudades en los que se produjo el secuestro y cambio de identidad de niños, en cumplimiento de un "plan sistemático de recuperación" de hijos de republicanos.
En su auto de noviembre Garzón tenía claro que esta práctica no podía quedar impune: "Se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha, correspondiendo al Poder Judicial la obligación de investigar el alcance delictivo de unos hechos que, por su carácter permanente y contextualizados como crímenes contra la humanidad, no están prescritos ni amnistiados y sus víctimas (los hijos y algunos progenitores) podrían estar vivas, y por ende sus efectos seguirían perpetuándose sobre estas, ante la inacción de las instituciones del Estado".
En dicha resolución, el juez reproducía las cifras del Patronato de San Pablo, dependiente del Ministerio de Justicia, que entre 1944 y 1954 hablaba de 30.960 niños ingresados en centros religiosos y seminarios.
La mayoría eran huérfanos de guerra con padres muertos, presos, exiliados, desaparecidos o encarcelados, algunos en campos nazis. El número de estas víctimas aumenta con la política de repatriación de niños exiliados que llevó a cabo el régimen.
RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 14/02/2009 08:00// PÚBLICO
Varias asociaciones de memoria histórica han iniciado una campaña para que los desaparecidos de la Guerra Civil y de la represión franquista acaben por fin inscritos en los registros civiles. Reclaman a todos los grupos parlamentarios una modificación de la ley para facilitar a las familias, que en muchos casos han acudido a los tribunales, la anotación.
El proceso es esencial para cualquier investigación sobre la represión de la dictadura y va encaminado directamente a recuperar personas, con nombres y apellidos, que sufrieron una doble muerte, la real y la de esfumarse de la historia. Esto sucedió sobre todo en las zonas donde triunfó antes el golpe de Francisco Franco y donde avanzaron los generales: Andalucía occidental, Extremadura, Castilla-León, Galicia, Navarra y zonas de Aragón y Asturias.
El proceso es vital para cualquier investigación sobre la represión
Pocos días después de la rebelión de 1936, "se dictaron órdenes precisas para que no se inscribiera a los asesinados con la clara intención de dejar el menor rastro posible", aseguran las asociaciones de memoria en el manifiesto ¡¡¡Todas las víctimas del franquismo en los registros civiles!!!, que ya han firmado 233 personas de toda la península.
No hay cifras de cuántas personas dejaron de apuntarse, pero una idea de lo que se pretende reparar la da la historia de Manuel Escobar Moreno y de Castilleja del Campo, un pequeño municipio (633 habitantes) de la provincia de Sevilla. Como documentó el profesor estadounidense Richard Barker en su libro El largo trauma de un pueblo andaluz, 17 personas fueron asesinadas en 1936. Nueve de ellas no constan en el registro y algunos ni siquiera tienen familiares. "La intención era ocultar el número de asesinatos", asevera Cecilio Gordillo, responsable del grupo de trabajo sobre memoria histórica de CGT-Andalucía.
En el caso de Escobar Moreno, cuya familia pudo inscribirlo en 1946, en la hoja número 76 se lee: "Falleció [...] el día 27 de agosto de 1936 a las [en blanco] a consecuencia de aplicación del bando de guerra". "En otros casos pone por herida de bala, nunca asesinato", asegura Noelia Rodríguez, concejal socialista del ayuntamiento y nieta de Escobar Moreno.
"Se trata de rescatar a una persona. No desaparecieron por arte de magia"
Decreto de 1936
La cobertura normativa de la inscripción de Escobar Moreno y tantos otros la dio el franquismo en noviembre de 1936, coincidiendo con el declive de la represión al amparo del bando de guerra, según el historiador Francisco Espinosa. En esa fecha, se publicó un decreto por el que miles de personas pudieron legalizar la muerte de sus familiares. "En el mejor de los casos se hizo falseando la causa de la muerte. Al daño causado, se añadió la humillación de unos procedimientos ideados para que los asesinados no pudiesen adquirir ni siquiera la condición de víctimas", aseguran las asociaciones CGT, ARMH, Memoria Antifranquista, Aremehisa, Memoria Histórica y Justicia, Dime y Guerra y Exilio.
En los tribunales
Muchas personas han acudido a los tribunales para lograr la anotación
Ahora, quienes quedaron fuera plantean en los tribunales la inscripción. Noelia acudió hace tres años a los juzgados con la lista completa de los no inscritos en Castilleja. Aún no han recibido respuesta. En numerosos casos, los jueces deniegan la inscripción y en otros, los menos, la aceptan, aunque sea fuera de plazo. Lo que quieren las asociaciones es eliminar esta discrecionalidad.
IU prepara una batería de mociones en los ayuntamientos en apoyo del cambio legal y baraja una iniciativa en el Parlamento andaluz. ERC, cuyo diputado Joan Tardá ha firmado el manifiesto, baraja la posibilidad de dar la batalla en el Congreso.
"Se trata de rescatar a una persona. Un monolito es una forma simbólica de recordarlos, pero no desaparecieron por arte de magia. Fueron asesinados", resume Noelia.
Sin familiares: que decidan los municipios
El manifiesto de las asociaciones de memoria histórica persigue facultar a los ayuntamientos para inscribir en el Registro Civil a los vecinos censados en la población cuando murieron y que no tengan familiares que no puedan hacerlo.
Las familias: asesoramiento gratuito
También quieren que las familias dispongan de asesoramiento jurídico gratuito para facilitar la inscripción, previa presentación de documentación oficial. Se exigen testigos que ya son muy mayores o han muertos.
Los jueces: inscripción de oficio
También piden que se agilice la inscripción de oficio por los juzgados cuando exista documentación oficial de la época de la que tengan conocimiento que acredite una muerte. “72 años después de la masacre y 30 de las primeras elecciones, ningún gobierno ha favorecido la modificación de la ley de registros civiles”, recalcan las asociaciones
Domingo Malagón: Pintor y falsificador
gentedigital.es/ Tamara Antona / 24 abr 09
Un mal paso le dejó el brazo en cabestrillo y sentado en silla de ruedas. Pero, con noventa y tres años, Domingo Malagón tiene memoria de elefante. Recuerda su ingreso en el asilo La Paloma y cómo se preparó para ingresar en Bellas Artes. "Lo que yo quería era ser pintor", dice, "pero la Guerra Civil me pilló en el último curso de mis estudios, y me alisté en el V Regimiento". A partir de aquel momento, "defendió Madrid" hasta que, en verano de 1938, ante la situación que se estaba viviendo en el frente de Aragón-Cataluña, le enviaron a combatir cerca del río Segre, donde resistieron hasta diciembre de 1938. Al iniciar el Ejército fascista la ofensiva sobre Cataluña, le mandan como a otros muchos a cubrir la retirada hasta la frontera de Francia, y cruza hasta el país vecino por Aragón. "Cuando cruzamos la frontera, lo primero que nos hicieron fue meternos en un campo de concentración, como a la mayor parte de los republicanos españoles, y allí, casi por casualidad, empecé a falsificar", cuenta Malagón. "Desde 1942 hasta su legalización en 1977, yo fui el secreto mejor guardado del Partido Comunista de España".
El maletín de pintor con doble fondo era su tapadera. "Estuve por toda Europa con un montón de pinturas (de tamaño A-5, hoy en su casa de Parla), en una cartera que tenía un compartimento oculto, donde guardaba los documentos que permitían a la gente que entrara y saliera de España, y moverse por varios países para acudir a los congresos del Partido en Moscú o Praga. Copiaba cualquier letra, incluso el ruso".
En su exilio, trabajó "codo con codo junto a Santiago Carrillo, que era quien dirigía el PCE en Francia" hasta que pudo volver a España. "Él siempre decía que yo era la única persona insustituible en la cúpula del Partido, pues mi trabajo era indispensable para luchar contra el franquismo. Además, nunca, nunca, pudieron descubrir que era falso algún documento mío".
Ya en España, la dirección del PCE le encargó a Domingo Malagón que fuera el Archivero del Partido, trabajo que desempeñó hasta 1985, cuando se jubiló. Desde entonces, "me dedico a lo que realmente me gusta. Pintar, hacer retratos y convertir aquellas pinturas que transporté por Europa como tapadera en grandes cuadros".
Vida clandestina incluso en su propia casa
Domingo MalagónUno de los rostros que más se repite en las pinturas de Domingo, es el de Escolástica, su compañera y esposa. Se conocieron en un hospital para guerrilleros, al final de la Segunda Guerra Mundial. Con ella, compartió una existencia difícil, marcada por su clave labor clandestina. "No podíamos vivir como vualquier pareja normal, pues yo tenía que estar muy aislado". Su unión con Escolástica fue una ceremonia romántica, oficiada por un dirigente comunista. Curiosamente, años después, cuando quisieron legalizar su situación de pareja, celebraron su boda el mismo día que el PCE fue legalizado
Existen al menos dos estudios monográficos de esa institución, de Mónica Orduña (tesis) y de Ángela Cenarro (ensayo). La investigación sociológica que esta institución demandaba constituye el objeto de mi tesis, Puentes de escarcha, aún inédita aunque el profesor Paul Preston me invitó a que figurase en formato editorial en este mismo año. Las dictaduras tienen interés en destruir los documentos comprometedores, y en este aspecto la franquista tuvo tiempo y fue muy eficiente. En concreto con Auxilio Social la destrucción de documentos comprometedores debió de ser casi completa. Por esta razón parecía conveniente realizar una investigación sobre esta institución desde las herramientas sociológicas, sin demora, dada la avanzada edad de los afectados.
A modo de síntesis señalo los elementos más significativos de Auxilio Social.
El protagonismo de la Iglesia católica era absoluto, en contra de la impresión general de que era una institución netamente falangista. Las experiencias recogidas hablan de humillaciones, castigos corporales sin explicación de causa, racionamiento hasta la exageración del agua para beber y de la alimentación. Y un caso contrastado por triangulación que apunta a que familias afectas al régimen visitaban los hogares para “escoger” algún chico, incluyendo una especie de rueda de selección.
Como resumen hay que señalar que el concepto de disciplina era militar. En palabras de algunos internos, “eran cuarteles para niños”. Por encima de este comportamiento masificado, el único objetivo que parecían perseguir los ideólogos de la institución (que sobrevivió hasta 1981) era el ideal falangista de mitad monje/mitad soldado. La instrucción militar y el adoctrinamiento religioso eran los dos ejes sobre los que se articulaba el internamiento, sobre todo en las primeras edades de los ‘acogidos’.
Como eje directriz del plan trazado para Auxilio Social (con sello benéfico) aparece muy claro que era el ámbito ideal para realizar el maridaje perfecto del Franquismo y la Iglesia, es decir la síntesis más acabada del nacionalcatolicismo. Sólo así se explicaría la obsesión por aislar a los niños de los pocos contactos familiares que podrían quedarles (muchos eran huérfanos, pero sí tenían algún familiar), como una forma de evitar el contagio con las ideas de los “rojos”.
La posible respuesta a la pregunta de cabecera sólo la puede dar hoy, como resulta evidente, la Iglesia católica. Es la guardiana y transmisora de las esencias del Franquismo, muro infranqueable para todo intento de dignificar la memoria de las víctimas o desmontar las sólidas tramas ideológicas que permitieron 40 largos años de dictadura. La propia propaganda eclesial señaló en 1940 una explicación a la desaparición de niños. Semanalmente se bautizaban en los locales de Auxilio Social a “cientos” (son sus cifras) de niños. ¿Dónde están los registros de esos bautismos? Otro dato en la misma línea. En el registro parroquial de San Juan Bautista (Ciudad Lineal, Madrid) aparecen cientos de niños confirmados por Eijo Garay, cuyos datos filiales aparecen sin uno o ambos de sus progenitores ¿Son reales sus apellidos? ¿Fueron inscritos, al igual que los niños bautizados en locales de Auxilio Social, en el Registro Civil? ¿Los datos de filiación eran reales o supuestos? ¿Hizo Auxilio Social un uso intensivo del Decreto de diciembre de 1940, sobre apropiación de la patria potestad de los “niños abandonados” o “en riesgo”? Hay que señalar que, para el Franquismo, el mayor riesgo era el contacto con los “rojos”.
El peculiar concepto de justicia impuesto por los ideólogos del Franquismo, y en primer lugar por el “cuñadísimo” Serrano Súñer, hacía que todo el edificio legal fabricado resultara aberrante, si lo comparamos con los principios básicos del derecho. Por esta razón es preciso matizar el tema de adopciones y acogidas . La Iglesia católica tiene mucho que aclarar todavía.
DESAPARICIONES | LA ASOCIACIÓN DERECHO A SABER DA CUENTA DE MÁS CASOS
El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.
María José Esteso Poves / Madrid
Miércoles 6 de mayo de 2009 DIAGONAL
“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.
El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.
Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.
La cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Kent, se convirtió en un lugar infame. Tomasa Cuevas lo describe como un gigantesco almacén de mujeres. Antonia García dice: “Sólo recuerdo la locura de mi primer día en la sala de prisión: un sitio para 500 personas albergaba a 11.000. Las mujeres se tiraban al suelo a la vez, no había más sitio”.
Las presas vivían hacinadas con sus hijos y, pronto, la masificación supuso un problema, no humanitario, sino económico y administrativo. Mirta Núñez Balart, historiadora, calcula que en 1939 había 280.000 presos. Hoy con el doble de población son unos 60.000.
Las embarazadas con pena de muerte eran fusiladas nada más dar a luz, como relata Carlos Fonseca en Trece rosas rojas. Trinidad Gallego, matrona, fue encarcelada y ayudó a parir a sus compañeras de prisión. A sus 95 años recuerda para DIAGONAL que “allí los niños los disfrutaba la Topete [la directora María Topete]. Las madres estaban separadas de sus hijos, si devolvían, ellas no podían cuidarlos. Sarna, piojos, sin apenas comida ni agua. Morían muchos. Con tres años se los llevaban, si tenían familia, pero entonces todos estaban en la cárcel e iban a parar a los hospicios o no se sabe”.
En los ‘40 se abrió una prisión para madres lactantes en Madrid. Las presas pensaron que las condiciones mejorarían. Mercedes Núñez, presa política, dice en Mujeres caídas de Mirta Núñez: “Ninguna madre podía cuidar de su hijo. Los niños vivían separados en un patio aparte y ellas trabajaban en talleres más de diez horas diarias”. En Santurrán (País Vasco) las monjas mandaron salir a las presas al patio. Cuando volvieron, sus hijos habían desaparecido. Ya no existían, no habían sido inscritos en el registro de entrada.
Teorías de inspiración nazi
El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. El general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania e ideólogo del régimen, afirmaba que era necesario “extirpar el gen marxista” y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Para ello, aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos.
La Iglesia regía todos los órdenes de la vida, los internados moldeaban a los niños, mientras el régimen los presentaba como “sacados de la miseria material y moral”. Victoriano Ceruelo, de 65 años, estuvo en Zamora: “Desde los cinco años, todos los días nos levantaban a las 5h. de la mañana para ir a misa. Los domingos venían familias y las monjas nos ponían en fila. Y decían ‘me gusta ése’, y se lo llevaban. Un día me tocó a mí, pero él le daba mala vida a mi madre y ella se suicidó”. Hasta hace poco iba cada año a preguntarle a la superiora quiénes eran sus padres. Ella le decía: “No tienes derecho a remover”.
El 4 de diciembre de 1941 una ley autorizó cambiar los apellidos “si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que sean repatriados [23.000 volvieron]. Igual inscripción se hará a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”.
Fernando Magán, abogado de la ARMH, señala que “eso es la transposición de un decreto nazi a España. Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas. Hubo un momento –continúa Magán– en el que se instruyó a la policía judicial para abrir los archivos parroquiales. Pero la sala de lo penal, la misma que condenó a Scilingo, cerró sumario”.
También el orden moral impuesto repudiaba a las mujeres si su unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón (TVE) ¿Quién sabe dónde? afloraron miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber (ANDAS), junto a varias afectadas. A partir de ahí, el programa fue incómodo.
El caso de María Fe Fernández (Pamplona) se resolvió en la tele. La suya fue madre soltera: “Si se quedaban embarazadas iban a parar al convento hasta que daban a luz, luego a la maternidad, allí el capellán hacía las gestiones. Las engañaban y los hijos iban para militares, ricos o familias humildes (a cargo de curas)”. Dice que hay casos en Argentina, Italia, Alemania o Austria.
Avanzada la dictadura el secuestro de bebés continúa. Ahora, Mar Soriano busca a su hermana. Su madre falleció hace unos días. “Mi hermana nació en 1964 en la Maternidad de O’Donnell (Madrid), parecía sana, pero la metieron en la incubadora y un día le dijeron a mis padres que había muerto y que ya la habían enterrado. Ellos estaban aturdidos, eran gente humilde y no sabían qué hacer. Les dieron la partida de defunción y decía que un general mandó enterrarla. A mí me contaron que mi hermana murió. Por mi trabajo doy conferencias en el extranjero para personas sordas. Y en 1997, en Austria, se me acercó alguien que me dijo que conocía a mi familia en Klangerfür, que si el padre era alemán, su hija era igual a mí, mi misma cara, pelo... Dije que no. Hace unos meses empecé a atar cabos”. También desconocía el caso de una madre que ha localizado en Austria a su bebé robado en Madrid. La Iglesia tiene los archivos, pero ninguna ley obliga a abrirlos.
Secretaria de Comunicación del PCE / 01 abr 09
El día uno de abril del 39, por poner la fecha del célebre bando del general Franco ya que la traición estaba pertrechada desde mucho antes, se acabó definitivamente el sueño de transformación social para varios millones de españoles y españolas: un golpe de estado militar fue el origen de la guerra civil y de la liquidación de los logros democráticos plasmados en la Carta Magna del año 31; pasarían casi cuarenta años para que en nuestro país se volvieran recuperar pautas y funcionamientos democráticos, para que varias generaciones de españoles y españoles conocieran, a veces parece que no han llegado a comprender el coste que tuvo, qué es vivir en libertad, aunque sea con minúscula.
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Se cumplen ahora 70 años del final de la Guerra Civil, de aquel parte oficial emitido desde el cuartel general de Franco el 1 de abril de 1939 y difundido con la voz del locutor y actor Fernando Fernández de Córdoba.
El fin de la República fue un triunfo de Hitler y una derrota de las democracias europeas
Atrás había quedado una guerra de casi 1.000 días que dejó cicatrices duraderas en la sociedad española. El total de víctimas mortales se aproximó a 600.000, de las cuales 100.000 corresponden a la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 a la violencia en la zona republicana. Medio millón de personas se amontonaban en las prisiones y campos de concentración. El éxodo que emprendió la población vencida dejó también huella. "La retirada", como se conoció a ese gran exilio de 1939, llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes, para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista.
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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza
Foros por la Memoria exigen al Gobierno reparación para víctimas franquismo
Alrededor de medio millar de personas han secundado hoy las concentraciones convocadas por la Federación Estatal de Foros por la Memoria en varias ciudades españolas
EFE - 01/02/2009
Madrid, 1 feb (EFE).- Alrededor de medio millar de personas han secundado hoy las concentraciones convocadas por la Federación Estatal de Foros por la Memoria en varias ciudades españolas para exigir al Gobierno que asuma su responsabilidad en la reparación a las víctimas del franquismo y las exhumaciones de los desaparecidos.
La nieve, el frío y la lluvia no han alterado los actos convocados este mediodía en Madrid, Málaga, Granada, Huelva, Segovia, Toledo, Gijón, y la localidad de Arenas de San Pedro, en Ávila, tras los que se ha leído un comunicado para lamentar la "inhibición" de los tribunales en las causas relacionadas con la represión franquista.
"Es hora de movilizarse", consideran los miembros del Foro, para que se haga patente que "los actos represivos del franquismo son crímenes contra la humanidad cubiertos por un manto de silencio y de impunidad, y que las víctimas del franquismo y sus familiares nos encontramos en una situación de manifiesta indefensión legal".
La concentración de Madrid, que se ha celebrado a las puertas del Tribunal Supremo, ha concluido con la lectura por parte de la escritora Rosa Regás de las cartas de despedida que escribieron dos de las víctimas del régimen franquista antes de ser fusilados.
Con retratos de sus familiares desaparecidos y bajo una intensa nevada, más de medio centenar de personas han secundado esta convocatoria, en la que el presidente de la Federación, José María Pedreño, ha denunciado que las víctimas del franquismo "son las más olvidadas" y ha anunciado que "ante la pasividad" del Gobierno han decidido "salir a la calle".
"El Gobierno lo que ha hecho es dejar en manos de las asociaciones y los familiares la responsabilidad de las exhumaciones, que debe asumir el Estado", ha señalado a Efe Pedreño.
La concentración de Granada ha tenido lugar a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde medio centenar de personas ha reclamado la "intervención legal" de los tribunales en materia de memoria histórica y la consideración de las desapariciones como delitos de lesa humanidad, "siguiendo el ejemplo de Chile y Argentina y para que no prescriban".
Al mismo tiempo, en Málaga medio centenar de personas ha emprendido hoy una marcha desde el centro de la capital a la vecina localidad de Rincón de la Victoria en recuerdo de los malagueños fallecidos en la denominada huida por la carretera de Málaga a Almería en 1937.
La huida de malagueños hacia Almería se produjo al entrar las tropas franquistas en Málaga en febrero de 1937 en un episodio conocido como la "desbandá", en el que decenas de miles de personas, entre ellas mujeres, niños y ancianos, fueron atacadas por tropas italianas y franquistas y bombardeadas por aviones y barcos, lo que causó numerosas muertes.
En Toledo, han sido alrededor de cien personas las que se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento, donde el presidente del Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha, Emiliano Sales, ha recordado a algunos de los represaliados y ha tenido unas palabras de reconocimiento para las mujeres que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y fueron acusadas de ser "rojas o familia de rojos".
También en Segovia algo más de medio centenar de personas se han dado cita en la Plaza Mayor con una pancarta en la que se leía "360 asesinados por defender la legalidad democrática", en referencia a las víctimas de la represión del régimen franquista contabilizadas en esta ciudad.
Los familiares de los represaliados y algunos supervivientes de la Guerra Civil han seguido con emoción estas concentraciones, que se han reproducido en Huelva y Gijón.EFE slp.del/br
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/foros-memoria-gobierno-3043403.htm
El Plural, 01-02-2009
Piden que las desapariciones de franquismo sean delitos de lesa humanidad
Siguiendo el ejemplo de Chile y Argentina y para que no prescriban
EL PLURAL / ANDALUCÍA
Alrededor de medio centenar de personas han asistido hoy en Granada a un acto de homenaje a represaliados por el franquismo en el que han reclamado la "intervención leal" de los tribunales en materia de memoria histórica, así como la aplicación de la legalidad internacional en este ámbito.
Ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), familiares de desaparecidos y asociaciones integradas en el Foro por la Memoria han leído un manifiesto en el piden a los poderes públicos que consideren las desapariciones como delitos de lesa humanidad, "siguiendo el ejemplo de Chile y Argentina y para que no prescriban".
No se admiten las denuncias a trámite
Las querellas interpuestas ante las audiencias provinciales una vez recuperados los restos de los desaparecidos "no están siendo admitidas a trámite salvo excepciones", ha denunciado el historiador de la Federación de Foros por la Memoria, Juan Francisco Arenas, quien ha arremetido contra lo que considera "una cortina de humo" levantada por el Juez Garzón cuando decidió abrir una investigación ante las denuncias de varias asociaciones.
“Dispersión territorial”
Con retratos de sus familiares, los concentrados hoy ante el TSJA de Granada han pedido "justicia" y han hecho "una llamada a la conciencia de todos los ciudadanos para que se actualice nuestra memoria histórica", ha señalado Arenas. El historiador ha arremetido contra la "dispersión territorial" de los diversos casos hacia las audiencias provinciales "que no están respondiendo a las demandas del movimiento de la memoria histórica"
andalucia@elplural.com
http://www.elplural.com/andalucia/detail.php?id=30106
Soitu.es, 01 02-2009
Un centenar de personas piden en Toledo justicia para las víctimas del franquismo
EFE
Actualizado 01-02-2009 17:13 CET
Toledo.-Un centenar de personas se han concentrado hoy en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, a las puertas de la Audiencia provincial, para pedir "Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo".
Tras una pancarta con dicho lema y con algunos de los concentrados que portaban fotografías de familiares y amigos represaliados por el régimen franquista, se ha desarrollado la concentración convocada por el Foro por la Memoria de Toledo.
El presidente del Foro por la Memoria de Castilla-La Mancha, Emiliano Sales, ha recordado a algunos de los represaliados de la provincia de Toledo y ha tenido unas palabras de reconocimiento para las mujeres que sufrieron las consecuencias de la guerra civil y de ser "rojas o familia de rojos".
Sales ha leído también un comunicado en el que se indicaba que la inhibición del juez Garzón "dejó en muchas personas la sensación de frustración pero, muy al contrario, creemos que debe hacernos redoblar esfuerzos para acabar de una vez por todas con el modelo español de impunidad".
El Foro considera que cuando el Estado español pretende ser adalid en la defensa de los derechos humanos en otros países, "al llegar a nuestras fronteras, un tapón de impunidad, silencio y desprecio impide aclarar el paradero de desaparecidos y asesinados, y hacer justicia ante la represión sufrida por los que defendieron la democracia y la legalidad constitucional de la República".
Sales ha criticado que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se declaren no competentes y trasladen la responsabilidad "a los mismos tribunales territoriales que llevan una década lavándose las manos ante las denuncias de familiares y organizaciones memorialistas".
"Es hora de movilizarse", consideran los miembros del Foro, para que se haga patente que "los actos represivos del franquismo son crímenes contra la humanidad cubiertos por un manto de silencio y de impunidad, y que las víctimas del franquismo y sus familiares nos encontramos en una situación de manifiesta indefensión legal".
http://www.soitu.es/soitu/2009/02/01/info/1233504795_891929.html
Soitu.es, 01 02-2009
Cerca de medio centenar de personas piden "justicia" para las víctimas del franquismo en Segovia
EFE
Actualizado 01-02-2009 17:06 CET
Segovia.-Algo más de medio centenar de personas se han dado cita hoy en la Plaza Mayor de Segovia para participar en la concentración convocada por el Foro de la Memoria de Segovia con el fin de pedir "verdad, justicia y reparación" para los represaliados del franquismo.
Los participantes en la manifestación han colocado en el templete de la Plaza Mayor una pancarta con la frase "360 asesinados por defender la legalidad democrática", en referencia a las víctimas de la represión del régimen franquista contabilizadas en Segovia.
Asimismo, han sido colocadas reproducciones de fotografías de algunas de las personas fallecidas durante la Guerra Civil, que fueron facilitadas a la organización del acto por sus familiares.
El presidente del Foro de la Memoria de Segovia, Santiago Vega, ha dado lectura a un comunicado en el que lamentan la "inhibición" de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en las causas relacionadas con la represión franquistas, que "han trasladado esta responsabilidad a los mismos tribunales territoriales que llevan una década lavándose las manos ante las denuncias de familiares y organizaciones memorialistas".
Vega ha asegurado que España "pretende ser adalid en la defensa de los Derechos Humanos en otros países, y dentro de nuestras fronteras existe un tapón de impunidad, silencio y desprecio que impide aclarar el paradero de desaparecidos y asesinados, y hacer justicia ante la represión que sufrieron los que defendieron la legalidad democrática".
Además, ha recordado que la concentración organizada por el Foro de la Memoria de Segovia se suma a otras manifestaciones similares que han tenido lugar en varias ciudades españolas, con el fin de "mantener viva la memoria de los que nos precedieron en la defensa de la democracia".
http://www.soitu.es/soitu/2009/02/01/info/1233504365_186515.html
Avila Red, 01-02-2009
QUE LOS JUECES CUMPLAN LA LEY DE LA MEMORIA
Fecha Domingo, 01 febrero a las 14:00:00
Así lo han pedido las personas que se han concentrado frente a los juzgados de Arenas de San Pedro, convocados por el Foro por la Memoria Histórica.
Cerca de un centenar de personas se ha concentrado esta mañana durante casi una hora frente al edificio de los juzgados de Arenas de San Pedro, para solicitar a los jueces de "cumplan" con la Ley de la Memoria Histórica.
Así lo ha explicado a avilared.com Mariano López, uno de los miembros del Foro por la Memoria Histórica del Valle del Tiétar y la Vera cacereña, convocante de este acto de protesta celebrado bajo la lluvia en esta localidad. López ha justificado esta iniciativa haciendo referencia a los "problemas" que a su juicio existen para "poner en marcha la Ley de la Memoria Histórica". "Entre el Gobierno que no acaba e impulsarla y los jueces que son poco receptivos, tenemos que manifestarnos para que se cumpla la ley, tras el auto de Garzón", ha argumentado este miembro del Foro por la Memoria Histórica del Tiétar y la Vera. Según Mariano López, hasta el momento se han abierto en esta zona de la provincia abulense "una docena de fosas", aunque aún están pendientes de abrir unas 135, con "entre 650 y 700 personas".
http://www.avilared.com/modules.php?name=AvantGo&file=print&sid=21431
Radio Granada, 01-02-2009
Honran a represaliados por el franquismo y reclaman ’’lealtad’’ a la Justicia
Alrededor de medio centenar de personas han asistido hoy en Granada a un acto de homenaje a represaliados por el franquismo en el que han reclamado la "intervención leal" de los tribunales en materia de memoria histórica, así como la aplicación de la legalidad internacional en este ámbito. Ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), familiares de desaparecidos y asociaciones integradas en el Foro por la Memoria han leído un manifiesto en el piden a los poderes públicos que consideren las desapariciones como delitos de lesa humanidad, "siguiendo el ejemplo de Chile y Argentina y para que no prescriban".
Las querellas interpuestas ante las audiencias provinciales una vez recuperados los restos de los desaparecidos "no están siendo admitidas a trámite salvo excepciones", ha denunciado el historiador de la Federación de Foros por la Memoria, Juan Francisco Arenas, quien ha arremetido contra lo que considera "una cortina de humo" levantada por el Juez Garzón cuando decidió abrir una investigación ante las denuncias de varias asociaciones.
Con retratos de sus familiares, los concentrados hoy ante el TSJA de Granada han pedido "justicia" y han hecho "una llamada a la conciencia de todos los ciudadanos para que se actualice nuestra memoria histórica", ha señalado Arenas.
El historiador ha arremetido contra la "dispersión territorial" de los diversos casos hacia las audiencias provinciales "que no están respondiendo a las demandas del movimiento de la memoria histórica".
http://www.radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=51332
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/foros-memoria-gobierno-3043403.htm
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