La Calle de Córdoba, - 31 Marzo 2010
Laura Pérez. l.perez@lacalledecordoba.com
El intento de la Junta por resarcir a las mujeres víctimas de la represión con ayudas de 1.800 euros es calificado de “inútil” por los familiares. Juliana Sánchez, sobrina de tres de ellas, exige que la verdad vea la luz y se haga justicia
Algunas tuvieron la valentía de desafiar al fascismo y a la sociedad de la época, y otras, la gran mayoría, eran madres, esposas, hijas y hermanas de rojos. Todas ellas sufrieron la represión del franquismo, fueron torturadas, rapadas y despojadas de sus derechos y sin embargo, ni la Historia ni la memoria han sabido encontrarles su lugar y aún menos, resarcir su daño. El tiempo ha hecho que muchas de ellas hayan muerto sin contarle al mundo su calvario y las pocas que aún viven, siguen silenciadas.
Justo ahora, la Consejería de Justicia acaba de anunciar que está ultimando un decreto con el que, a través de ayudas de 1.800 euros, se intentará reparar la injusticia que sufrieron todas esas mujeres que fueron torturadas, rapadas y represaliadas durante el franquismo. Una iniciativa que para historiadores de la talla de Arcángel Bedmar, resultará ineficaz no sólo porque la gran mayoría de las víctimas del franquismo ya han fallecido sino porque además, les será prácticamente imposible demostrar el calvario que vivieron.
Por ser hermanas de un rojo
Araceli, Manuela e Isabel Sánchez Montes vivían en Rute y durante años sufrieron en su piel los golpes con los que la dictadura mutiló de por vida a miles de mujeres. Ellas no eran militantes, ni anarquistas, ni socialistas, ni nada por el estilo. Como asegura Juliana Sánchez, su sobrina, su delito no fue otro que ser hermanas de Vicente Sánchez Montes, un barbero ruteño, perteneciente al Partido Socialista desde 1925, que huyó a la sierra cordobesa al comienzo de la contienda como miliciano de las Federaciones Anarquistas y terminó condenado “injustamente” a muerte el 9 de marzo de 1937 y fusilado, sólo tres días después. “Sólo por ésto, el franquismo se cebó con ellas al igual que con otras muchas mujeres y las marcó de por vida”, asegura Juliana.
Tanto es así que los años en los que Vicente, padre de Juliana, permaneció huído fueron los más duros para sus hermanas y para su propia madre. Juliana que entonces apenas tenía seis o siete años, recuerda como a diario la Guardia Civil venía a casa de sus tías y las llevaba al cuartel para obligarlas a limpiar y a beber aceite de recino pues, en teoría era la mejor forma para purgar su alma comunista. “Parece que las estoy viendo llegar rotas de dolor. El aceite les descomponía el vientre y se retorcían, querían que mis tías les dijeran dónde estaba escondido mi padre y no dejaron de torturarlas mientras estuvo huído”.
La represión que sufrieron las mujeres de Vicente, incluída su mujer y madre de Juliana, incluso llegó a desterrarlas de Rute y al igual que otras muchas familias, tuvieron que abandonar sus hogares y empezar de cero en otro punto de Andalucía. En su caso, tal y como recuerda su sobrina, “fue la única forma que encontraron para escapar de la persecución. Tuvieron que huir para salvarse, como tantas familias”, asegura.
El maltrato que sufrió la madre de Juliana Sánchez no fue físico aunque sí tan doloroso y temible como las torturas y las persecuciones que sufrieron sus cuñadas. “Constantemente la amenazaban con quitarle a sus hijos si no confesaba dónde estaba mi padre e incluso la intentaron obligar a que firmara que él había muerto por enfermedad cuando ni tan siquiera sabíamos que había pasado”.
Las heridas no se han cerrado
El miedo a la represión que sintieron durante años las mujeres de Vicente Sánchez se mantiene vivo a día de hoy en las pocas mujeres represaliadas que quedan vivas y de hecho, será uno de los motivos, junto con la falta de pruebas documentales, por los que las ayudas económicas con las que la Junta de Andalucía pretende resarcir sus daños quedarán “en papel mojado”, tal y como asegura el coordinador del grupo de Memoria Histórica de CGT-A, Cecilio Gordillo. “No quieren ni dinero ni ayudas. El decreto es algo necesario pero quedará como símbólico”.
La propia presidenta del Foro Ciudadano por la Memoria Histórica de Córdoba, María del Mar Téllez, asegura que muchas de las pocas mujeres que aún viven siguen sintiendo vergüenza, “no quieren admitir lo que sufrieron ni revelar sus nombres”. Una de ellas estuvo sentada frente al historiador Arcángel Bedmar en Montilla cuando éste recopilaba información para uno de sus libros. “Su familia me contó que le raparon la cabeza con sólo catorce años, algo que no era habitual. Ahora tiene unos ochenta y pese al tiempo que ha pasado, ni quiere revelar su nombre ni contar su experiencia”.
Además, junto a todas las víctimas que vivieron de cerca las agresiones, hay centenares de mujeres que, tal y como denuncia el Foro por la Memoria de Andalucía, “sufrieron el hambre y la miseria, que tuvieron que levantar a sus familias después de que asesinaran a sus maridos o sus hijos, y sufrieron el desprecio y la humillación de las autoridades y allegados al régimen franquista”. Y para éstas, como denuncia la responsable del Foro por la Memoria Histórica en Córdoba, Isabel Amil, no hay nada.
Si bien, no hay mejor ejemplo de la herida de por vida que el franquismo dejó en las mujeres que la que encontró Juliana al visitar a su tía Isabel justo unas semanas antes de que muriera. Enferma de alzheimer y con cerca de noventa años, apenas logró reconocer a su sobrina. Si bien, bastó que ésta le tarareara La Internacional anarquista para que la anciana la silenciara mientras le decía “calla, calla, que si te oyen me quitan mis niños”.
Luz a la verdad y justicia
El auténtico y real resarcimiento al terror y a los daños que hubieran querido todas las mujeres represaliadas, y que exigen sus propios familiares, es que las cientos de historias que sufrieron no caiga en el olvido. Juliana sólo reclama “justicia, ni dinero ni ayudas. Lo importante es que se sepa toda la verdad. Incluso deberían dejarnos contarlo en los colegios tal y como ocurrió para evitar que nuestros hijos y nuestros nietos vuelvan a repetir algo tan horrible”.
En la misma línea Bedmar insiste en que sería muy positivo que las administraciones sigan fomentando las publicaciones y exposiciones del tipo a la recientemente mostrada en Córdoba, Las presas de Franco, para rescatar de la amnesia colectiva a las mujeres pues, fueron ellas quienes sufrieron la barbarie fanquista incluso con mayor dureza que los hombres. Además, sostiene, “es importante que se facilite a los historiadores el acceso a las fuentes oficiales que tienen información sobre cómo ocurrieron los hechos, como por ejemplo a los archivos militares de Sevilla”.
Araceli, Manuela e Isabel Sánchez han muerto, al igual que centenares de mujeres represaliadas, sin que nadie les reparara su dolor ni les recompensara por la barbarie franquista. Si bien, tal y como asegura su sobrina, “los familiares seguiremos luchando para que la Historia los ponga en el lugar que merecen”.
Las indemnizaciones de la Ley de Memoria tampoco las beneficia
El avance que supuso para las víctimas del franquismo y sus familiares el que la Ley de Memoria Histórica reconociera una indemnización para los represaliados durante la época del franquismo, no tuvo en cuenta a las mujeres que sufrieron una violencia incluso más dramática que la que vivieron aquellos y aquellas que estuvieron en la cárcel pues, apenas una minoría de ellas han tenido acceso a éstas.
Tanto es así que de las 2.742 indemnizaciones concedidas a represaliados en Andalucía, únicamente un cinco por ciento han sido recibidas por mujeres, pese a que, como ya ha denunciado el Foro por la Memoria Histórica en reiteradas ocasiones, son el colectivo con el que más se ensañaron los falangistas en todas las provincias de la región.
Ahora, este nuevo intento de la Junta de Andalucía por resarcir los daños que el franquismo ocasionó a cientos de mujeres, vuelve a caer en saco roto pues, tal y como ya han denunciado los distintos colectivos, pese a suponer un avance, la gran mayoría de víctimas ha fallecido y las que aún están vivas no podrán certificar los abusos.
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