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"Se reconoce el derecho de la ciudadanía andaluza a localizar a los ciudadanos andaluces desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista". Así reza el artículo 9 de la proposición de Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática en Andalucía, que Izquierda Unida presentará en breve en el Parlamento autonómico y que refuerza a la vez que desborda la norma aprobada por el Congreso en 2007. El texto, al que ha tenido acceso Público, obliga a la Junta a localizar las fosas comunes, garantizar su conservación, excavarlas y exhumar los restos si es posible, así como a identificarlos.

IU pretende con ello liberar de responsabilidad a familiares y asociaciones y obligar a la Junta a asumir directamente y de oficio estas tareas. Los gastos de todo ello "serán sufragados" por la Administración autonómica. "Cuando los trabajos realizados den como resultado el hallazgo de restos de desaparecidos se procederá a denunciar ante los juzgados", señala el artículo 11.

La ley recoge en su artículo 1 el "derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura [...] y la transición". Una de las medidas para garantizarlo sería la inclusión de la "Memoria Democrática" en el currículo escolar. La norma fija la creación de un Instituto de la Memoria Democrática, de un censo público de desaparecidos y de un banco de ADN. También prevé un Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática.

La ley impone la retirada de los símbolos franquistas de los edificios privados y obliga a la Junta a reparar económicamente a los familiares de los "defensores de la democracia".

Es una incógnita el recorrido del texto, que será presentado este martes ante los medios. Ni siquiera está garantizada su admisión a trámite. El PSOE podría tumbarlo argumentando que ya existe una ley de memoria histórica. Independientemente de que ahora prospere o no, queda claro el enfoque republicano de la propuesta sobre memoria histórica de IU, que tiene opciones de entrar en el Gobierno andaluz tras las elecciones de 2012 si el PP no obtiene mayoría absoluta. La coalición ha advertido que este asunto es una de sus prioridades.

Editado en el diario PÚBLICO

También en EUROPA-PRESS

Agencia EFE

Secretaría de Comunicación del PCE / 18 feb 11

      El Secretario General del Partido Comunista de España, José Luis Centella, ha manifestado su indignación por el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo denegando la autorización a la familia del poeta para interponer recurso extraordinario de Revisión, frente a la sentencia de condena de muerte dictada el 18 de enero de 1940, por el Consejo de Guerra Permanente número 5 de Madrid, contra Miguel Hernández, como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión previsto en el artículo 238.2º del Código de Justicia Militar del año 1890.

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Ningún avance significativo tras casi dos años de trabajo de la Comisión Interministerial

El gobierno español no ha atendido las demandas de información del grupo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas

Madrid.- En vísperas del 1 de abril, aniversario del final de la Guerra Civil, y el año en que se cumple el setenta aniversario del comienzo de la contienda, Amnistía Internacional recuerda que las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista siguen a la espera de que se reconozcan sus derechos a conocer la verdad, obtener justicia y ser reparadas por los daños sufridos. En el informe “Víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad” presentado hoy, la organización documenta los principales obstáculos que  impiden a estas víctimas acceder a sus derechos y pide al Gobierno español que el anteproyecto de Ley que se está elaborando aborde de forma integral su reconocimiento.

 “A pesar de existir una Comisión Interministerial que lleva casi dos años trabajando y del compromiso del presidente Rodríguez Zapatero de priorizar este asunto, no ha habido ningún avance sustantivo hacia la reparación de las víctimas; y sí muchos retrasos y obstáculos, así como poca información sobre el desarrollo de los trabajos realizados hasta ahora”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

 Si quieres descargarte el texto completo pincha AQUÍ

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      Para Amnistía Internacional la Ley de Memoria Histórica aprobada en el Congreso de los Diputados en 2007 está alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda realmente la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación.

Durante la Guerra Civil y el franquismo fueron muchas las víctimas de graves abusos que el derecho internacional prohibía y condenaba, como tortura, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra población civil,  persecución política, religiosa o racial, encarcelamientos arbitrarios,  trabajos forzados y otros actos definidos como crímenes contra la humanidad.

Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas; la responsabilidad de los autores de estos crímenes no prescribe nunca.

Amnistía Internacional trabaja para que las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil puedan acceder  a su derecho a saber, a obtener justicia y a ser reparadas, tal como establecen las normas internacionales de derechos humanos.

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Baza le ha retirado los honores que le concedió a Francisco Franco el 2 de enero de 1948, concretamente la Medalla de Oro de la ciudad y el título de Hijo Adoptivo. Así lo aprobó ayer el pleno del Ayuntamiento con el apoyo del PSOE, IU (que no pudo asistir al pleno) y PA, y la abstención del PP que argumentó su decisión afirmando que a los ciudadanos no les interesa si le quitan, o no, la medalla que se le concedió un día a un «gobernante», sino que Baza es una comarca «que está a la cola de Europa, con 330 desempleados más, a pesar del Plan E».

En principio, la moción iba a ser presentada por el PSOE a petición de la ejecutiva local socialista pero, desde el primer momento, Izquierda Unida y el Partido Andalucista se sumaron a la misma y finalmente la moción se llevó a pleno conjuntamente entre las tres formaciones políticas. La intención era aprobar dicha moción en el pleno de este mes para que el próximo 4 de diciembre la medalla ya esté retirada. Se trata de una fecha de gran valor simbólico pues fue el 4 de diciembre de 1892 cuando Franco nació y otro 4 de diciembre, pero del año 1489, cuando Baza fue conquistada por los Reyes Católicos.

Además de la anulación de los honores al dictador, también se aprobó la retirada de todos aquellos emblemas y monumentos públicos conmemorativos o que exalten la sublevación de 1936 o de cualquier otro régimen totalitario, «salvo que éstos sean de estricto recuerdo privado o cuando concurran razones artísticas», tal y como recoge la Ley de la Memoria Histórica.

Sin ayudas a particulares

En el texto de la moción se recoge, además, la retirada de la concesión de subvenciones o ayudas por parte de la administración pública a los propietarios privados que no actúen del modo previsto «en lo anteriormente mencionado», y el compromiso de colaborar con el Gobierno y la comunidad autónoma en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura.

Asimismo, la moción promueve la creación de la ’Medalla de Oro de la Ciudad de Baza’, basada en «los principios de igualdad, libertad y justicia» que se otorgará a personas, instituciones o entidades «que hayan destacado por su compromiso social, contribución a la consecución de la paz y desarrollo de los derechos humanos, a nivel local, nacional o internacional».

Manifiesto

Aunque han sido los partidos políticos los que han llevado a pleno y aprobado la retirada de honores al general, fueron unos jóvenes historiadores -Antonio José Martínez Román, Antonio José Jaenada Jaenada y Juan Antonio Díaz Sánchez- quienes por medio de una nota pública alertaron a los concejales de los distintos grupos políticos representados en el Ayuntamiento, que Baza no estaba cumpliendo la Ley de la Memoria Histórica y pedían la retirada de la Medalla de Oro de la ciudad concedida a Franco.

Las mismas personas que han instado a la retirada de estas distinciones, han publicado un segundo manifiesto titulado ’La dictadura ha muerto. ¡Viva la democracia!’ en el que recuerdan que ellos son hijos de la Constitución del 78.

Publicado en el Diario IDEAL de Granada

FOTO: GALLEGO MORALES. Recepción de la Corporación Municipal de la Ciudad de Baza por Franco
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§  La ONG dice que será ’un tímido paso adelante en la larga batalla contra el olvido’

§  Pide al Estado que demuestre un compromiso claro con los derechos humanos

§  Afirma que los avances del texto son en gran medida meras declaraciones de intenciones

 

Actualizado lunes 22/10/2007 14:50 (CET)

ELMUNDO.ES

MADRID.- Para Amnistía Internacional el Proyecto de Ley sobre víctimas de la guerra civil y el franquismo ha mejorado tras su paso por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, pero insiste en que sigue estando muy alejada del derecho internacional y, por tanto, no salda la deuda pendiente del Estado con todas las víctimas que padecieron graves violaciones de derechos humanos y nunca obtuvieron verdad, justicia ni reparación.

La organización llama especialmente la atención sobre las víctimas de graves crímenes contra el derecho internacional, como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que el texto deja al margen de las indemnizaciones económicas y de las limitadas vías para acceder a la justicia y hace un llamamiento para que este vacío sea subsanado antes de la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Histórica.

"La Ley será un tímido paso adelante en la larga batalla contra el olvido de las víctimas del franquismo y la guerra civil, pero sin verdad y sin justicia la deuda no quedará saldada. Más allá de esta Ley, el Estado aún puede y debe mostrar un compromiso claro con los derechos humanos que dé respuesta de una vez por todas a estas víctimas", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía en España.

El Proyecto de Ley inicial presentado por el Gobierno, que la ONG calificó de "ley de punto final", incluía dos claros mecanismos de impunidad que conllevaban la ocultación de la identidad de presuntos autores de crímenes contra el derecho internacional. La organización da la bienvenida a la desaparición de estos dos mecanismos. "Sin embargo, los derechos de las víctimas siguen sin garantizarse. Los avances del nuevo texto son en gran medida meras declaraciones de intenciones o disposiciones ambiguas, cuya efectividad deberá demostrarse en la aplicación de la Ley", afirma Esteban Beltrán.

Los archivos de la represión

En cuanto al derecho a la verdad, la Ley incluye algunos avances sobre los archivos de la represión, estableciendo que los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para la protección y catalogación de documentos, en particular aquellos que tengan un mayor deterioro o un mayor riesgo de degradación. También incluye la obligación de la Administración General del Estado de recopilar los testimonios orales relevantes para su remisión e integración en el Archivo General de la Guerra Civil.

Sin embargo, aunque añade la condena del franquismo expresada en marzo de 2006 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Ley no asume su principal recomendación, la de poner en marcha "una comisión nacional de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen franquista" para conseguir establecer "la verdad sobre la represión". Sobre el derecho a la justicia, esta Ley reconoce a través de una fórmula ambigua, como es la declaración de "ilegitimidad" de determinados tribunales y de las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos, políticos o de creencia religiosa, lo que según el derecho internacional carece de valor jurídico.

Y además renuncia a la oportunidad de garantizar un recurso idóneo y eficaz para la obtención de la nulidad de esas sentencias. "Por tanto, no se garantiza el derecho de las víctimas a obtener justicia individualizada y material. La eficacia de esa declaración de "ilegitimidad" deberá solventarse en los tribunales y en cualquier caso deja en la incertidumbre a quienes ya han intentado la nulidad de condenas a muerte con los recursos disponibles hasta ahora y con resultado adverso", continúa Beltrán.

Amnistía Internacional hace un llamamiento a todas las Administraciones para que, con independencia de las negociaciones políticas, las disposiciones de esta Ley sean interpretadas y se apliquen conforme a lo que señala el derecho internacional.

Al margen de indemnizaciones

Decenas de miles de personas fueron víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas tanto durante la guerra civil como posteriormente durante la represión franquista. Sin embargo estos crímenes se encuentran ausentes en la Ley: ni se nombran, ni se aborda la responsabilidad del Estado. Estas víctimas quedan al margen de las indemnizaciones económicas ampliadas por la Ley y de las limitadas vías para obtener justicia, puesto que no fueron objeto de ninguna condena ni sanción.

Sobre la cuestión de las fosas comunes, se han incluido algunas mejoras respecto al proyecto de Ley inicial, entre ellas que el Estado asume la obligación de elaborar un mapa de fosas en todo el territorio español y de adoptar medidas para la preservación de las áreas identificadas, y que el Gobierno deberá preparar un protocolo de actuación para asegurar la colaboración institucional en las exhumaciones. Además, los hallazgos de fosas deberán ponerse en conocimiento de las autoridades judiciales competentes.

Aunque estas medidas parecen demostrar una cierta sensibilidad hacia los familiares de los desaparecidos, no suponen ningún reconocimiento de derechos. Se mantiene la tendencia hacia la "privatización" de la tarea de localizar y exhumar los restos de las víctimas de desaparición forzada, delegada en entidades sociales, y obvian la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las víctimas. "Con este alejamiento de los estándares internacionales en las cuestión de las fosas comunes, España ofrece un pésimo precedente a otros países que se enfrenten a procesos similares", dice Beltrán.

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Viernes 26 de diciembre de 2008, por CGT-A

Ha transcurrido un año desde que se formalizara la entrada en vigor de la llamada Ley de Memoria Histórica. Su redacción y aprobación sufrió unos terribles vaivenes. Finalmente se aprobó con el apoyo de la gran parte de los grupos políticos pero sin la aprobación de la sociedad.

Lo que nos temíamos se ha hecho realidad e incluso ha resultado ser más sangrante de lo que se esperaba. Echando la vista atrás, analizamos lo que esperábamos conseguir con esta ley – recuperación y rehabilitación de los olvidados y vejados- y lo que realmente ha supuesto, vejar aún más la memoria de los vencidos.

 - No se anulan las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista.

 - Se establece una infame discriminación entre las víctimas de la represión franquista en función de los años de comisión del   .

-  Mantiene la ley de amnistía de 1977 para los verdugos.

-  No se crea una Comisión de la Verdad, demandada por la propia UE y la ONU

 - El estado no asume su responsabilidad de buscar a centenares de miles de desaparecidos.

    Por otra parte, desde CGT, sólo podemos pensar que la admisión a trámite, en la Audiencia Nacional, de la denuncia presentada por Asociaciones y Organizaciones preocupadas por la rehabilitación y búsqueda de las víctimas y desaparecidos por el franquismo, CGT entre ellas, ha sido un sumario-trampa que tan sólo buscaba un lavado de imagen y cerrar definitivamente la discusión sobre si el régimen franquista asesinó o no a miles de personas, si cometió crímenes de lesa humanidad. Hay cuestiones que no admiten duda. Franco y sus secuaces son los responsables de que hoy haya cientos de miles de cadáveres en las cunetas de los pueblos. Pero para eso no es necesaria tanta fanfarria. Es un hecho objetivo y demostrado por los historiadores y conocido por toda la sociedad

    Lo que no ha querido asumir el estado, lo que no ha querido asumir esta democracia formal, es su responsabilidad en investigar y reparar estas muertes. Más al contrario, todo parece indicar que, tras una apariencia de intervención y estudio en el asunto, la actuación de la judicatura y el ejecutivo va dirigida a poner trabas y hacer más dificultoso el que debería ser el verdadero objetivo de la ley: rescatar la memoria, rehabilitar a las víctimas por ser defensores de los principios de la democracia y la libertad, buscar la verdad y restablecer la justicia social.

Por eso CGT seguirá reclamando:

- Recuperación de personas:

Miles de personas quedaron sepultados/as en anónimas Fosas tras “paseillos” y ajusticiamientos. Sus familias reclaman esos cuerpos nunca olvidados pese al paso del tiempo, lo desconocido de su ubicación y las modificaciones del terreno. Hay que restituir sus cuerpos y, con ellos, su identificación. Miles fueron condenados en irregulares procesos judiciales impuestos por un gobierno ilegítimo e ilegal, impuesto por una sublevación militar fascista mantenido a través del terror y de la represión.

Es necesario que se lleve a cabo el reconocimiento y búsqueda de estos compañeros caídos.

- Recuperación de ideas:

Hablamos de un alzamiento militar contra un gobierno establecido democráticamente. Y de una respuesta en defensa de ese gobierno, con avances y conquistas revolucionarios, más adelante destrozados. Hablamos de un trozo de nuestra historia en la que, quienes defendieron las banderas republicana o rojinegra, no obraron en busca de conquistas materiales, sino sociales e ideológicas. Todo esto ha sido mantenido en el olvido y el silencio, evitando su aparición en los libros escolares. Y la historia de un país debe ser conocida por su pueblo.

- Recuperación de documentos:

Es notoria la destrucción de archivos de propiedades y registros. Es evidente que no se pueden reconstruir los archivos destruidos, pero sí se puede devolver lo trasladado. Y más fácilmente, se puede considerar que lo que aún permanece simplemente empaquetado – en el mejor de los casos – en Archivos y dependencias civiles o militares, debe ser accesible de manera sencilla y eficaz.

- Recuperación de bienes:

Más allá de la destrucción realizada, dentro de la posible y discutible lógica de cualquier período de guerra, acabada ésta se procedió no sólo a retrotraer las propiedades de edificios y tierras a quienes antes la detentaban, sino que también se incautaron, destruyeron o entregaron a personas e instituciones bienes que habían sido levantados con las manos obreras o compradas con las aportaciones de cuotas sindicales. De todo esto existe un listado pormenorizado, cuya compensación económica sigue pendiente.

Así pues creemos necesario seguir exigiendo:

 - La revisión y anulación de las sentencias franquistas. Y la compensación económica a sus familias, más allá de lo meramente  simbólico.

 - La no discriminación entre las víctimas en función del año de su muerte.

 - El reconocimiento público del “sufrimiento” de los trabajadores y trabajadoras que fueron asesinados, perseguidos, reprimidos, encarcelados, represaliados…

 - No aceptar la equiparación entre víctimas y verdugos ya que las victimas fueron la consecuencia de una barbarie programada desde el aparato del estado franquista con la connivencia de la cúpula de la iglesia

 - Dotar de medios para la búsqueda, localización, exhumación e identificación de los cuerpos existentes en Fosas y cunetas. Una base de datos de todas esas personas sigue pendiente de realizar. La administración pública debe asumir este trabajo íntegramente.

 - No olvidar las condenas a trabajo esclavo (canal de los presos,…). Detectar esos campos y, en la medida de lo posible, hacer de ellos lugares de memoria.

 - Debe integrarse en los libros de educación aquellos casos de colectividades, rurales e industriales, que demostraron que otra gestión de la economía y de la sociedad fue y es posible.

 A través de las organizaciones de ex-presos y refugiados es relativamente fácil conseguir la reconstrucción de nombres y hechos acaecidos a los refugiados españoles en los campos de concentración interiores (Albatera,…) y exteriores (Argèlès,..)

 Revisión de cuantas leyes y actos se pusieron en marcha en el periodo de la denominada “Transición” para dar por superado artificialmente el periodo de dolor y represión franquista.

CGT exige que la democracia asuma su responsabilidad ante la vergüenza y deshonor de seguir validando las sentencias del régimen franquista.

Por todo ello se debe crear una “Comisión de la Verdad”, con reconocimiento y medios públicos, donde concurran todas las organizaciones y colectivos que estamos trabajando en este campo para que finalmente pueda esclarecerse con profundidad la etapa franquista, definiéndose toda la verdad y el horror generado durante la dictadura

Desde CGT seguiremos trabajando para que la pasividad de administración pública sea espoleada con la movilización social.

 

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PUBLICO

MIGUEL ÁNGEL MARFULL - Madrid - 27/12/2008 08:00

El pasado 25 de noviembre, el Congreso rechazó tomar en consideración la iniciativa de ERC para ampliar la Ley de Memoria Histórica y reconciliar a la democracia con la República, que no aparece mencionada ni una sola vez en el texto aprobado por el Parlamento en 2007 y que está vigente desde el 27 de diciembre del pasado año.

En aquel debate, quedaron recogidos los avances que ha propiciado el texto a lo largo de 2008 y, también, buena parte de las frustraciones generadas. "No es suficiente y ofende por no reconocer a todas las personas represaliadas ni otorgarles la condición jurídica de víctimas", expuso el diputado republicano Joan Tardà. El PSOE replicó dejando claro cuál es el límite del Gobierno: la propia ley. Desarrollarla "en su totalidad, sin limitación, distracción o cortapisa", fue la bandera enarbolada por el diputado socialista Daniel Fernández.

Desarrollo normativo

Las críticas de ERC no son una excepción. Los colectivos de defensa de la Memoria Histórica consideran insuficiente no sólo la ley sino su propia ejecución. Y eso que su desarrollo se ha acelerado en el último trimestre. El 31 de octubre, se vieron los primeros frutos. El Gobierno aprobó la concesión de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales, el abono de indemnizaciones a las víctimas que trabajaron "en defensa de la democracia" entre los años 1968 y 1977 y la denominada "declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia" durante el franquismo.

El Ministerio de Cultura ha acelerado el envío de fondos al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca

Al mismo tiempo, Justicia ha facilitado la consulta de los registros civiles y ha regulado la opción a la nacionalidad española de los hijos y nietos de los exiliados de la dictadura.Medio millón de descendientes de exiliados podrán pedir la nacionalidad a partir del próximo lunes, según el cálculo de las asociaciones. El trabajo normativo acaba ahí. No así las novedades nacidas del texto.

El Ministerio de Cultura ha acelerado el envío de fondos al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Justicia ha habilitado una web la primera que dedica el Gobierno a la Memoria Histórica que facilita información sobre los trámites relacionados con la ley y hace una semana se anunció la creación de una Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Además, una veintena de ayuntamientos ha retirado honores y medallas concedidas a Franco. Su aplicación ha limpiado, además, pueblos y ciudades de símbolos franquistas. El pasado 18 de diciembre se retiró en Santander la última estatua ecuestre de Franco en una vía pública. Y la retirada ha llegado en 2008 también al Valle de los Caídos. En 2008, España ha enterrado, definitivamente, el 20-N.